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Creciendo +10.0% en 2023, Salud y Seguridad social enfrentan urgentes retos

La Ley que da origen y regula el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS), la 87-01 y su modificación 188-07, han tenido un profundo impacto en el incremento del acceso de nuestros ciudadanos a los servicios de salud privados y ha mejorado los dispensados en el sector público. Un impacto que impulsa al auge a las actividades del sector y el Banco Central cifró en un crecimiento igual al 10.0% para el 2023, donde la salud “de marcado” lo hizo en +12.8% y la pública, en +5.1%.

Indicamos los servicios privados de salud porque desde siempre los dominicanos hemos tenido el derecho de acceder a servicios públicos de salud —buenos o no tan buenos, aunque gratis—, no de igual manera a los “de mercado” porque representan un costo completamente inaccesible para los desempleados (5% de la población, según el Banco Central) y para el segmento indeterminado que en la población ocupada informal —ascendente al 56.8% del total de ocupados— perciben los menores ingresos y sufren la carencia de protección jurídica y social como, por ejemplo, los beneficios consagrados por la 87-01.

Este rol importante de la salud y la seguridad social en la formación del PIB nacional destaca porque ambas, en sus formalidades “de mercado” y “de no mercado” incidieron en 0.3% sobre el crecimiento del PIB de +2.4% reportado por el Banco Central en su “Informe sobre la Economía Dominicana” correspondiente al precitado año.

Esa ley representa un logro ostensible, derivado de la paga de ±4.9 millones de trabajadores; 88,728 empleadores y las contribuciones crecientes del gobierno nacional a través de Salud Pública, la Sisalril, la ARS Servicio Nacional de Salud (SeNaSa) y otras ARS públicas, de autogestión.

Finalizando febrero del 2023, la Tesorería del la Seguridad social (TSS) reportó ingresos para el mes iguales a RD$16,572.55 millones, de los cuales RD$4,554.87 millones provenían de los trabajadores; RD$11,348.93 millones, de los empleadores, y R$755.06 millones de otras fuentes.

Ese dinero se distribuyó, entonces, así: RD$797.22 (4.81%) millones hacia los seguros de riesgos laborales (SRL) gestionados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril); RD$7,964.10 (48.06) millones hacia el Seguro Familiar de Salud (SFS) —en sus modalidades contributiva y subsidiada—, y los restantes RD$7,811.23 millones (47.13%) hacia el Seguro de Vida, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS —pensiones).

Esta información permite establecer que, en ese mes y como promedio, cada empleador y empleado acreditaron la pensión de cada trabajador con ±RD$1,594.13; el SFS de cada uno de estos con ±RD$1,625.33 y sus coberturas de riesgos laborales en ±RD$172.70.

Es fácil desprender y colegir, entonces, la dramática realidad subyacente al SDSS en lo referente a salud y a pensiones. Una situación que deriva del esquema de ingreso de los empleados nacionales: laborando 20 años y cotizando durante ese período (240 cuotas) en promedio total cada trabajador cotizará al SVDS RD$382,590.86, de donde su pensión habrá de salir, en el caso del sistema de capitalización individual. Y RD$390,078 para el SFS. Si se deseara que esa penosa realidad fuese comprendida se resaltara que el costo promedio de un seguro de salud en los Estados Unidos es, anualmente, RD$464,340, cifra anual que supera en +19.04% el monto que durante toda su vida laboral aportarán al SVDS los trabajadores y empleadores juntos de la República Dominicana.

Es por esta razón que hablar de seguridad social en el país remite de forma obligada a ese esquema de pagos por trabajos realizados.

Con relación a las pensiones, ¿cuántas veces puede crecer el aporte de empleadores y trabajadores al SVDS? ¿Es el valor a futuro de este “ahorro” estable o garante de al menos paridad en medio de la tendencia volátil que desde el año 1984 sufre el signo monetario nacional?

Tal situación lleva a ponderar como importante y urgente la ampliación de la participación oficial en este sector, para robustecer varios aspectos. A saber: a) el SRL; b) los subsidios por maternidad, lactancia y enfermedades comunes y c) el Régimen Subsidiado (RS) del SFS. Especialmente porque durante el 2023 el gasto público en salud fue 2.7%. Es evidente que el gobierno ha hecho esfuerzos en ese sentido pues para el Ministerio de Salud Pública presupuestó +5.4% que en el 2023. Asignación que es, también, +0.56 puntos porcentuales que la inflación anualizada registrada en esta actividad durante el año (+4.84%).

Otros aspectos relativos a la pretensión de uso de servicios “de mercado” sin garantía de pagos están en la picota y al respecto se esperan propuestas oficiales. También en cuanto a la modificación de la 87-01, de la cual sectores oficiales aspiran al derecho exclusivo al veto. Igualmente en cuanto al Primer Nivel de Atención, lo mismo que sobre la especialización de una porción de los aumentos ocasionales de la cápita a favor de mejorar la calidad del pago a los prestadores de servicios de salud. Y, sobre todo, la obligatoriedad del Régimen Contributivo del SFS de pagar a los hospitales públicos, centros médicos de autogestión y médicos —especialistas o no— los servicios que presten —por emergencia, trauma o cualquier otra causa derivada de la libre elección de los pacientes— a afiliados a las ARS que los gestionan…

Como al justificar su aspiración a repetir en el cargo el presidente se ha comprometido a impulsar un gobierno que mejore los indicadores, los relativos a las actividades de la salud y a los aseguramientos en torno a ella adquieren una urgencia tal que motiva a atenderlos. Satisfacerlos, entonces, conferirá calidad y honor a la próxima administración del presidente Abinader.

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