La famosa expresión “Cruzar el Rubicón”, vinculada al emperador Julio César, significa “dar un paso decisivo asumiendo un alto riego”, y data de hace unos dos mil años, cuando en el año 49 A.C., tomó una de sus más difíciles decisiones al atravesar el río Rubicón –un riachuelo poco profundo y de régimen torrencial– que servía de frontera natural entre Roma y la Galia Cisalpina, consciente de que hacerlo, significaba una declaración de guerra al imperio. Fue en esa ocasión cuando dijo otra de sus frases más célebres: “Alea Jacta Est (La suerte está echada).
Con esta breve introducción, pretendemos realizar una analogía con el impasse acontecido a partir del año 2021, que ha traído como consecuencia directa la ilegal intención y decisión de Haití d querer abrogarse unilateralmente el derecho de usar las aguas del río Dajabón, mediante la construcción de un canal de desvío, obviado todos los tratados existentes entre ambos Estados, a fin de garantizar una convivencia pacífica, armoniosa y en paz, dado que el destino condenó a ambas naciones a coexistir en la misma isla.
Debo aclarar, guardando la distancia, que en aquella época el traspasar el Rubicón con tropas o ejércitos armados significaba una agresión directa al imperio romano. En nuestro caso, el río Dajabón constituye nuestro Rubicón insular, pues no es solo un límite fronterizo, sino una cuenca hidrográfica vital para la región noroeste, que, junto a la Laguna de Saladillo –humeral de agua dulce más importante del país– garantizan la vida y el desarrollo sostenido de las provincias circundantes.
Es importante dejar claro que nuestro Rubicón históricamente está representado en los ríos Dajabón y Pedernales, desde el Tratado de Aranjuez de 1777, fijando los límites fronterizos para delimitar los territorios de las colonias española y francesa en la Isla.
Sin embargo, es Haití que ha cruzado para invadirnos –1801, 1805, 1822, 1844, 1849 y 1855– con una nefasta ocupación militar de (22) largos años, situación histórica que hace suponer a los haitianos pensar que tienen el derecho de hacer o deshacer y tomar decisiones unilaterales, obviando al Estado vecino, la República Dominicana.
Muy por el contrario, de nuestra parte nunca los hemos invadido, y según mi opinión profesional, desde el 1961, todos los gobiernos han manejado las relaciones entre ambos Estados de manera tolerante y permisiva; una especie de genuflexión en cuanto a nuestra política exterior con relación Haití, mientras ellos son bastante incisivos e intolerantes y sacan ventaja a nuestra bonhomía y al mal manejo de ciertos aspectos diplomáticos.
Como ocurrió en la encrucijada diplomática con Canadá, cuando un representante del Estado dominicano en una reunión con socios claves, debatió la situación de seguridad de Haití, saliendo de ahí la iniciativa para abrir una oficina canadiense en el país para coordinar los esfuerzos de asistencia a la policía haitiana. Situación que, aunque merecía una aclaración profunda, apenas se produjo un desmentido de la Cancillería dominicana.
En el artículo “Indelicadeza Diplomática: Haití piedra angular del impasse” señalé que en el mundo diplomático no existen “Sí o No” rotundos ni definitivos, y ahora le agrego, una “coma, un punto o una palabra” en un documento puede dar aquiescencia a entender otra cosa o crear incertidumbre, un error inconcebible en el mundo diplomático.
Mujeres haitianas lavan ropa en el río Masacre.
Ante tales circunstancias, el 6 de mayo del 2021, escribí un artículo en relación a la sobrevenida situación, titulado “El río Dajabón: Más que una frontera hidrográfica”, donde hice una serie de puntualizaciones orientadas a comprender el impasse sobre el canal y la toma de agua del río Dajabón, tema este que en un parpadear de ojos se ha convertido en un problema, atizado por ciertos políticos haitianos en sus desmedidas pretensiones de alcanzar el poder usando una estrategia en base a un falso nacionalismo.
Aún recuerdo el tono desafiante del vicegobernador del Departamento Noroeste de Haití, Louis Joseph (2021), cuando afirmó “Haití canalizará el río, le guste o no a la República Dominicana”, pidiendo la comprensión al pueblo dominicano, porque, a su jui¬cio esas aguas las necesitan los haitianos. Situación que obligó a una reunión bilateral (mayo 2021), entre los cancilleres de ambos Estados, Claude Joseph y Roberto Álvarez, a fin de buscar posibles soluciones a la controversia causada por la construcción del canal de riego que se alimentaría del río Dajabón.
En ella, ambos Estados acordaron elaborar un protocolo técnico para el manejo coordinado de todas las cuencas hidrográficas transfronterizas, para garantizar la gestión de los recursos de manera conjunta, acordando crear una mesa técnica para compartir información sobre las acciones que ambos países desarrollen en materia hídrica en la zona fronteriza.
En dicha declaración, me resultó chocante el final del cuarto párrafo, y creo que la prensa lo resaltó, cito: “Reconociendo, en base a las informaciones presentadas en el día de hoy por los representantes de la delegación de la República de Haití y en el espíritu de entendimiento e intercambio de informaciones como se encuentra en el Tratado de 1929, que la obra iniciada en el río Dajabón o Masacre para la captación de agua no consiste en un desvío del cauce del río”.
En mi opinión, Cancillería cometió un error imperdonable, debió apegarse estrictamente al “Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje” de 1929, tal como Haití lo hizo en su debido momento al oponerse y detener la construcción de un dique en el río Pedernales por parte de la República Dominicana (1978), donde ellos perspicazmente convocaron el artículo 10, que establece: “En razón de que ríos y otros cursos de aguas nacen en territorio de un Estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los dos Estados, ambas Altas Partes Contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas”.
Como resultado del consenso en base al tratado del 1929, se construyó el “Dique Derivador Internacional” sobre el río Pedernales, y sus aguas benefician a los habitantes de Pedernales y Anse-Á-Pitre-Haití. De igual manera, Cancillería dominicana debió actuar como hicieron los haitianos hace (45) años, para “parar la construcción” sobre el río Dajabón, a fin de lograr un consenso y beneficio mutuo para ambas naciones.
Con el genocidio del presidente Jovenel Moïse (7 de julio 2021), Haití entró en una vertiginosa vorágine del caos atrapada entre pandilleros armados, poderes económicos y políticos ambiciosos y desmedidos, quienes imponen sus intereses particulares sobre el interés colectivo. Situación, que, en el trajín del tiempo esa oligarquía empresarial-política haitiana aprovechó para acelerar la terminación del susodicho canal, y ante el reclamo del gobierno dominicano de parar la obra inmediatamente, el ministro Ariel Henry expresó “no tener manera de detenerlo” y que el mismo era una iniciativa privada. ¿Con quién vamos a negociar o consensuar?
Estas eventualidades y desafortunados desaciertos diplomáticos, a mi entender obligaron al presidente Luis Abinader a convocar el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, de donde surgieron las medidas conocidas, como una manera de que se detenga la construcción del canal, y obligarlos a negociar en base a los tratados existentes, de manera consensuada y en beneficio mutuo para ambos pueblos.
Como ultimátum se decretó el cierre total de la frontera, a sabiendas del costo económico que representa para el país y la región, así como el enorme sacrificio que significa para los haitianos conseguir alimentos, situación que recrudece la hambruna existente. En tal sentido, la movilización de los cuerpos armados dispuesta a fin de reforzar la línea limítrofe, es un mecanismo de persuasión y prevención ante cualquier eventualidad que pueda surgir o ser provocada por el grupo político-empresarial que procura exacerbar los ánimos de los haitianos, a quien el presidente les llamó “anarquistas”.
A pesar de todo, las medidas adoptadas por el gobierno han suscitado el apoyo de todos los dominicanos, y el respaldo del liderazgo político, social y empresarial nacional, aunque algunos no comparten la manera de su aplicación, alegando que el tema se ha politizado. Pienso que ya era tiempo de “cruzar el Rubicón” y que se diera el manotazo sobre el escritorio, dejando a un lado la tolerancia y permisividad que siempre hemos asumido. ¡El interés nacional está por encima de todo!
El autor es miembro fundador del Círculo Delta