Una ley pendiente

A propósito del reclamo que hizo el lunes pasado el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, para que el Congreso Nacional apruebe una ley que regule el indulto, retomo en esta columna el precedente constitucional establecido en esa materia.

La Constitución dominicana, en su artículo 128, literal J, atribuye facultad al Presidente de la República para conceder indultos los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año, pero establece que debe hacerlo de conformidad con la ley y las convenciones internacionales.

En un fallo del 15 de julio del 2015, el Tribunal Constitucional consideró que “el ejercicio de la potestad de indulto atribuida por la Constitución al Presidente de la República no debe ser anulada por la inercia del legislador, al que le corresponde regular las condiciones y los aspectos procedimentales para su adecuado ejercicio”.

En ese sentido, exhortó al Congreso Nacional “para que en el ejercicio de la función legislativa que le es propia, subsane ese vacío normativo con la aprobación de una ley que establezca claramente las condiciones sobre la selección de los candidatos a indultos, modalidades, procedimiento y las excepciones, dentro de los límites constitucionales y los acuerdos internacionales”.

El TC concluyó señalando que “la concesión de indulto constituye una facultad constitucional atribuida al Presidente de la República, revestida de un amplio margen de discrecionalidad, sin que esto suponga que pueda ser ejercida de manera arbitraria y sin control jurisdiccional”. Han transcurrido tres años de esa exhortación y aún no ha sido aprobada esa legislación.

En el año 2012 fue la última vez que se concedió indulto o perdón presidencial en el país a los reos que cumplían prisión por determinados delitos durante la administración del presidente Leonel Fernández. El gobierno de Danilo Medina no ha ejercido esa potestad constitucional. Los últimos indultos fueron cuestionados. (TC-189/15).