Junta Electoral dominicana coloca el dedo sobre la llaga

Una acción coercitiva de la Junta Central Electoral y la reacción del expresidente Leonel Fernández han reeditado un antiguo debate en República Dominicana. Desde hace décadas se ha pretendido sin éxito establecer los alcances de esa institución al reglamentar el desenfreno de los partidos y agrupaciones políticas.

El nuevo estallido se registra faltando dos años para las complejas elecciones presidenciales, congresionales y municipales de 2020. Está azuzado por una inversión millonaria en una campaña proselitista a destiempo. La parafernalia incluye marchas, caravanas, encuestas, discursos, colocación de vallas propagandísticas y actos de todo tipo al aire libre y bajo techo.

Sectores nacionales, agobiados, han reaccionado siempre con la misma preocupación. El país no puede estar en campaña política permanente, afectando las estructuras sensibles del aparato económico y social. En cambio, el liderazgo político ha continuado indiferente ante este sentimiento, evitando cualquier método de control y boicoteando la aprobación de las leyes de Partidos Políticos y del Régimen Electoral.

Fracasaron los mecanismos impuestos a raíz de la crisis post-electoral de 1994, cuando se separaron por dos años las elecciones presidenciales de las congresionales y municipales. En este esfuerzo se acortó dos años el período presidencial de entonces, para elegir un nuevo presidente en 1996. O sea, quedó separado de las elecciones congresionales y municipales que se celebraron en 1998.

Pero República Dominicana continuó en un proselitismo indetenible. Ante esta amarga realidad, ¡Eureka!, la reforma a la Constitución de 2010 presentó a la sociedad lo que se creyó sería la fórmula mágica. Se prolongó por dos años el período de los legisladores y alcaldes que habían sido electos en ese año, para unificar otra vez las elecciones en 2016.

No obstante, la Constitución de 2010 planteó otro desafío. Las elecciones de 2020 se celebrarán el mismo año. ¡Vaya usted a ver! Las municipales en febrero y las presidenciales y congresionales en mayo, una separación de tres meses. O sea, que el proselitismo ha continuado su agitado curso, mientras los intereses grupales siguen boicoteando en el

Congreso la aprobación de la Ley de Partido Políticos.

No ha importado el interés que tiene esta pieza legislativa para el fortalecimiento de la democracia. Por el contrario, paralelamente al deprimente espectáculo que protagoniza el Congreso, paralelamente se retoma una campaña electoral a destiempo.

Fue en ese contexto que el pleno de la Junta Central Electoral puso el dedo sobre la llaga. Conminó el pasado miércoles a los aspirantes de los partidos a suspender en un plazo de cinco días sus actividades proselitistas en las calles, sin desmedro del ejercicio de los sagrados derechos de asociación, reunión y libre expresión del pensamiento.

La institución recurrió a las leyes vigentes y al artículo 212 de la Constitución, que establece en su párrafo IV: “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Pero como es natural se vuelve a hacer una interpretación salomónica de la Constitución, que los dominicanos recuerdan “es un pedazo de papel”. Y es que ahora resulta que para Leonel Fernández, que también es presidente del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y los juristas de siempre, la resolución es inconstitucional, porque el mandato del artículo 212 solo rige para después de la proclama que hace la Junta dejando oficialmente abierta la campaña electoral.

No basta el sentimiento nacional. No basta que el presidente de la Junta, Julio César Castaños Guzmán, haya sido reiterativo. Si no se aprueba la legislatura, que reposa en el Congreso desde hace alrededor de dos décadas, la institución electoral tendrá, aunque no quiera, que recurrir a su poder reglamentario, para establecer los límites de gastos, tipos y acceso de los partidos a los medios de comunicación de cara a las próximas elecciones.

Ni que el propio expresidente Fernández expresara el 15 de enero pasado, tras reunirse con Castaños Guzmán, que “Es importante poder disponer de la Ley de Partidos Políticos y del Régimen Electoral, pero aun en ausencia de eso, la Junta Central Electoral, en virtud de lo que establece la Constitución de la República, dispone del poder reglamentario para poder pautar el certamen electoral para 2020, tanto en lo municipal, congresional y presidencial”.

En lo que sí debemos estar de acuerdo es que como se argumenta ahora que no hay ninguna norma vigente que regule el desenfreno de los partidos políticos, a los dominicanos no le quedará otra alternativa que continuar financiando a esas organizaciones, esperar la proclama de la Junta… y que siga la fiesta.