¡… Orden para el desorden!

Parece definitivo que la Ley de Partidos no incluirá las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ya que no existe el apoyo político ni el consenso necesario para implementar ese modelo de elección interna. Sería importante, sin embargo, que las cúpulas partidarias y los legisladores no dejen pasar la oportunidad de establecer mecanismos y reglas que aten a las organizaciones políticas a procesos internos transparentes y apegados a los preceptos de la democracia participativa.

Sería un error dejar a los partidos decidir y hacer lo que les venga en ganas con sus elecciones internas. Porque si en algo están de acuerdo todos los sectores sociales y los actores del sistema político es en que los partidos han perdido la capacidad de administrar y organizar sus procesos internos, que no tienen capacidad de arbitraje, y que de continuar por ese derrotero terminarán autodestruyéndose.

Los partidos Reformista Social Cristiano y Revolucionario Dominicano viven en una crisis sin fin, en gran medida como consecuencia de la falta de arbitraje y del establecimiento de reglas que garanticen la participación democrática de sus militantes en las decisiones trascendentales de esas organizaciones. Y si de esa ley no surge un modelo que imponga la transparencia, el orden y el respeto a los estatutos, ambas organizaciones continuarán irremediablemente en esa centrífuga autodestructiva hasta desaparecer.

El Partido de la Liberación Dominicana -otrora modelo de organización y disciplina-, está pagando las consecuencias de sus largos años en el poder adquiriendo todos los vicios del sistema. Y uno de ellos es la incapacidad de resolver internamente sus problemas. Esto quedó demostrado en las primarias para elegir candidaturas de cara a las pasadas elecciones. Sólo tenían que seleccionar algunos candidatos a regidores y unos pocos candidatos a alcaldes y diputados. Y el resultado fueron tres muertos y un desborde de impugnaciones que produjo fragmentaciones en prácticamente todo el país.

Y si eso fue para elegir cargos menores, ¿qué se puede esperar de lo que se proyecta será una batalla campal -nominación por nominación- entre las fuerzas del danilismo y el leonelismo?

Que lo sepan los genios del PLD. Esa organización no resiste unas primarias organizadas por una comisión designada por su propio Comité Político.

Y ni decir del Partido Revolucionario Moderno. Acaba de realizar unas primarias con todo a su favor: Con una comisión organizadora capaz y de consenso; con los dos líderes principales pactando la elección de las dos candidaturas mayores; con un ánimo general positivo en la dirigencia, nadie rompía un plato entendiendo la importancia de separase de los conflictos que protagonizaron en el PRD; y con la indulgencia, tanto de la prensa, desde donde se hicieron muy pocas críticas al proceso con el fin de proteger y no hacer daño a este incipiente proyecto político que se perfila como la única opción viable al continuismo peledeísta.

Y aún así el asunto devino en un tollo organizativo con impugnaciones y denuncias de fraude e irregularidades a todos los niveles y un enorme descontento en buena parte de su dirigencia. El tranque es de tal magnitud que pasados más de dos meses de esas elecciones, los perremeístas no tienen siquiera fecha para la convocatoria de la convención nacional de delegados que debe validar y posesionar a las nuevas autoridades.

Las cúpulas partidarias deben prescindir de actitudes irresponsables y asumir que deben establecer las condiciones para que sea la Junta Central Electoral que organice sus procesos internos y que depure y valide los padrones de militantes. Y que no sea un asunto opcional, ni para la Junta ni para los partidos, sino un mandato ineludible.

No vale el argumento de que la ley no puede imponer un modelo o reglas de elección a los partidos políticos bajo la premisa de que son organizaciones privadas. Pues la ley electoral vigente, la 275-97, establece en su artículos 69 que las propuestas de candidatos deben ir acompañadas de una copia del acta de la convención de delegados donde se acordó su nominación, sin dejar espacios a ninguna otra modalidad de elección.

Bajo la legislación actual los partidos pueden hacer lo que deseen: primarias abiertas, cerradas o semiabiertas, y pueden incluso seleccionar candidatos de dedo o por encuestas. Pero si posteriormente no se llevan esas propuestas para ser electos por una convención de delegados, debidamente convocada y certificada, esas nominaciones no tienen validez y la JCE no las puede aceptar.

Por lo tanto sí se puede imponer a los partidos un modelo único para elegir a sus autoridades y candidatos.

Y la Ley de Partidos que salga del Congreso debe hacerlo. Es la única forma de garantizar que la conformación y el funcionamiento de los partidos políticos estén sustentados en el respeto a la democracia interna y la transparencia, como establece la Constitución de la República.