¡... Un irrespeto merecido!

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha sido constante en sus ataques sesgados contra la República Dominicana con relación al manejo del problema de la migración haitiana y del otorgamiento de la nacionalidad. Y lo hace porque se lo permitimos, se lo toleramos y no nos hacemos respetarÖ Peor aún, la cortejamos para que venga a apabullarnos y a tratarnos con la punta del pie.

Las groserías de la CIDH en contra del país se remontan a los inicios de la década del noventa del siglo pasado, cuando el presidente Balaguer, como respuesta a denuncias sobre supuestas violaciones a los derechos humanos de los braceros haitianos, dictó un decreto ordenando la deportación de todos los haitianos ilegales.

Frente a esa decisión, Comisión, en un acto de descarada injerencia, emitió una medida cautelar “prohibiendo” las repatriaciones para posteriormente realizar una visita al país y preparar un informe afirmando que los deportados eran ciudadanos dominicanos por haber nacido en el país.

A partir del 1999 --y aprovechando el desaguisado del presidente Fernández de atribuir carácter vinculante a las decisiones del Sistema Interamericano de Justicia--, la CIDH se despachó a sus anchas emitiendo resoluciones acusando al país de llevar a cabo supuestas deportaciones masivas sin reconocer la nacionalidad de lo que llamaba “dominico-haitianos”.

Emitió también varias medidas cautelares para impedir la repatriación de personas y familiasÖ Y fue a partir de una de esas medidas cautelares que la CIDH fraguó e impulsó una condena contra el país por el caso de las niñas Yean y Bosico.

En la sentencia que emitió la Corte Interamericana se ordenaba al Estado a otorgar la nacionalidad a dos niñas hijas de padres haitianos indocumentados que alegaban haber nacido en el país, y se disponía que la decisión fuera aplicada a todos los hijos de haitianos sin importar su estatus migratorio, estableciendo que Republica Dominicana no podía “castigar” a niños por los delitos migratorios de sus padres.

En el año 2004 fue promulgada la Ley de Migración, que acogiendo el criterio que siempre primó en el modelo de nacionalidad de nuestra Constitución, estableció que los hijos de extranjeros ilegales nacidos en el país no obtenían la nacionalidad dominicana vía el Ius Solis. Lo que provocó que la CIDH se pusiera al frente de un batallón de ONG’s que rechazaron la ley llevándola incluso a la Suprema Corte de Justicia, que la declaró apegada a la Constitución.

De la aplicación de esa ley derivaron varias medidas, entre ellas la implementación de un libro en las oficialías donde debían ser inscritos los hijos de extranjeros irregulares nacidos en el país. A la Junta Central Electoral le correspondió esa responsabilidad, así como la revisión de los soportes de las actas de nacimiento y otros actos del Estado Civil, dentro de un proceso de limpieza, digitalización y modernización del Registro Civil.

La Comisión y la comparsa de ONG’s patrocinadas por USAID y otras agencias de cooperación internacional, arreciaron su campaña en contra del país ampliando las críticas y añadiendo a las denuncias de reparaciones masivas e ilegales, acusaciones de desnacionalización y apatridia. Emitieron cualquier cantidad de medidas cautelares, celebraron decenas de audiencias en las que se acusaba al país de toda suerte de actuaciones xenófobas y de violación de derechos humanosÖ Y con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional perdieron lo poquito que les quedaba de mesura, y las descalificaciones hacia el país hacían lucir al apartheid sudafricano como un evento menor.

Durante todo este tiempo, si algo ha quedado muy claro, es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúa con abierto y descarado sesgo en contra del país. Sus prejuicios son evidentes. Nunca le han interesado nuestras razones ni explicaciones, como tampoco importaron las mentiras en las que se montaban las acusaciones en contra del paísÖ A la República Dominicana se le exige desfachatadamente otorgar derechos a los haitianos que su propio país les niega sin consecuencias ni condenas.

Para esta gente es indiferente que la legislación haitiana otorgue la nacionalidad a todos los hijos de haitianos sin importar dónde nazcan, porque para el Sistema Interamericano de Justicia, lo único factible, es que la República Dominicana modifique su Constitución, su legislación y su jurisprudencia para otorgar la nacionalidad a todos los nacidos en el país, así sea que las madres sólo crucen la frontera para parirlosÖ Y si no lo hacemos, creamos apatridia.

Tan poco nos respetan, que la Corte Interamericana nos ordenó mediante sentencia adoptar las medidas necesarias --legislativas, constitucionales o administrativas--, para asegurar que todas las personas nacidas en territorio nacional sean inscritas como dominicanos “independientemente de su ascendencia, origen o situación migratoria de los padres”.

¿Por qué demonios, entonces, invitamos a la CIDH a sesionar en el paísÖ? ¿Qué tanto más bajaremos nuestros pantalonesÖ? ¿Hasta dónde llega nuestra falta de dignidad y de pudorÖ?

Por eso nos irrespetan, nos ningunean y nos maltratan... ¡Merecido lo tenemos!