¡A ca’ cochino le llega su sábado!

En los años noventa del siglo pasado, la Comunidad Internacional intervino en varios conflictos armados desatados tras la conclusión de la Guerra Fría, siendo el caso más emblemático la llamada Guerra Yugoslava que asoló Los Balcanes durante más de diez años.

Los crímenes de guerra perpetrados en esa sangrienta conflagración fueron el detonante para que desde Europa se impulsara la creación de un sistema penal internacional que persiga y castigue los crímenes de lesa humanidad.

Primero se creó el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), y de esta experiencia, bajo el regazo de la Organización de Naciones Unidas, se concibe la Corte Penal Internacional creada en julio de 1998 por lo que se conoce como el Estatuto de Roma y que desde la primavera del 2003 opera desde la ciudad de La Haya en Holanda.

El primer procesado de relevancia política por este naciente sistema de justicia ---en este caso, por el TPIY- --, fue el expresidente de Serbia y de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, quien fue depuesto y extraditado a La Haya para ser juzgado por los crímenes ocurridos durante la Guerra de Kosovo. Un caso que dejó claramente establecido que ni los jefes de Estado ---por muy poderosos que fueran--- estarían fuera del alcance de la justicia penal internacional.

Milosevic murió sin recibir condena en el año 2006, pero desde entonces otros presidentes y líderes de países en conflicto han sido llevados ante el Tribunal de La Haya. Algunos esperan condenas y otros ya las han recibido.

Hasta la fecha ningún jefe de Estado o figura relevante de la política o de las fuerzas de seguridad de un país latinoamericano ha sido procesado en la Corte Penal Internacional.

Pero eso puede cambiar cualquier día de estos… Porque todo indica que el destino de las cabezas de la dictadura venezolana será terminar con sus huesos en los calabozos de La Haya.

Los esbirros del régimen venezolano tienen desde hace tiempo asegurados juicios en tribunales venezolanos y en cortes de los Estados Unidos por graves acusaciones de corrupción, tráfico internacional de drogas y lavado de activos. No bien salgan del poder, la claque bolivariana tendrá que responder por el saqueo que han perpetrado sobre el patrimonio del pueblo venezolano y por las vinculaciones de las élites políticas y militares del chavismo con el narcotráfico, que están harto documentadas y que no sólo se circunscriben al Cartel de los Soles que supuestamente dirige el número 2del chavismo, el inefable Diosdado Cabello.

Sobre las cabezas de esa dictadura pesan también las decenas de muertos y los miles de heridos que resultaron de la brutal represión con que fueron repelidas las protestas que buena parte de esa sociedad protagonizó cuando en el primer semestre del año pasado tomó las calles exigiendo libertad y el retorno a la democracia. Esto sin contar con las decenas de presos políticos y de conciencia que han torturado y que tienen confinados en condiciones infrahumanas en calabozos militares.

Acciones que ya han acarreado sanciones de los Estados Unidos y la Unión Europea para algunas de las cabezas más relevantes de esa dictadura, entre ellos el presidente Nicolás Maduro.

Pero si todo eso se estaba cociendo desde hace tiempo, con el asesinato del piloto y exagente de la policía Oscar Pérez ---en lo que ya se conoce como la Masacre de Junquito---, esa gente compró un boleto de ida para La Haya.

Venezuela firmó y ratificó el Estatuto de Roma, e incluso la fiscalía de esa instancia judicial tiene en su poder más de una denuncia en contra del dictador venezolano y algunos de sus colaboradores.

Y basta con un lectura superficial de ese estatuto para confirmar la cantidad de crímenes cometidos por ese régimen sobre los cuales tiene jurisdicción la Corte Penal Internacional. Asesinato, tortura y privación de libertad en violación a los derechos humanos son considerados crímenes de lesa humanidad; y causar la muerte a un enemigo que haya depuesto las armas ---es decir, lo que le hicieron a Oscar Pérez y a sus compañeros, y que quedó documentado en los videos que el malogrado rebelde difundió por sus redes sociales---, son considerados crímenes de guerra.

El Artículo 29 del Estatuto establece que los crímenes que son competencias de la Corte Penal Internacional no prescriben… Así pues, Maduro y sus secuaces que se preparen porque como dicen en Venezuela: “A ca’ cochino le llega su sábado”.