Santo Domingo 23°C/23°C clear sky

Suscribete

PENSANDO

Seguridad extorsionada

Los tentáculos del crimen organizado o las mafias, también llegan con la extorsión a la venta de seguridad a costa de un altísimo precio social y moral, que condiciona a la sociedad y sus instituciones a prostituirse en busca de la seguridad ciudadana vital en la gobernabilidad de un país. Las mafias hacen sus ofertas para frenar la violencia común en un mercado lucrativo como lo es el de la seguridad, prestando servicios en el orden global de la integridad física, material o económica.

Todo este servicio se enmascara en una seguridad “privada”, con la venta de protección frente a las lagunas de los estados débiles o desacreditados en esta tarea de preservar la vida y sus derechos fundamentales. Las ofertas de las mafias se imponen mediante la violencia (sicariato) en un servicio ficticio y no deseado, que se sustenta en el parasitismo, y en otro orden, la mafia responde a una necesidad real no resuelta por el Estado. Es una especie de contrato de seguro, con la particularidad de que el riesgo lo produce el mismo asegurador; todo basado en el cobro de un “impuesto paralelo” y clandestino que sustituye la legalidad del Estado. Consecuentemente, se cede frente a la extorsión que nos convierte en una presa de los procedimientos ilegales que practica el crimen organizado.

Deducimos que el precio que pagan nuestras sociedades, es el que se nos cobra cuando nos convertimos en parte irreversible de la pérdida de nuestros principios y sanos valores procesales de crecimiento y desarrollo. En definitiva, mientras unos disfrutan de la prosperidad y la riqueza como los empresarios ajustados a la legalidad y los criminales aislados con menos poder, la mafia tiene el poder y la capacidad coercitiva, y es que para disfrutar de una buena salud económica sin tener poder, quedamos expuestos a la extorsión que nos lleva a pagar un costo muy alto en detrimento del futuro saneamiento de la sociedad. Es lamentable que este estamento mafioso esté calando aceleradamente, imponiendo un fundamento donde el mismo delincuente es garante de la paz social. Pienso que el Poder Judicial está en el deber de sanear estos procedimientos delictivos que atentan contra la salud del sistema financiero, para así garantizar la equidad de defender nuestros intereses de cara a la conquista de un sistema de transparencia procedimental.

Tags relacionados