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Partidos políticos proyectan espectáculo desconcertante

La crisis por la que atraviesa el sistema de partidos políticos en República Dominicana se profundizó este año. Al margen de los conflictos internos que cotidianamente erosionan a estas organizaciones debilitando sus estructuras, ahora fueron zarandeadas también por el flagelo de la corrupción, a unos niveles que no tienen precedentes.

El país presenció estupefacto el fenómeno. Los cuatro partidos de mayor incidencia en el país, tres de ellos alternándose en el poder absoluto desde la década de 1960, continuaron proyectando un espectáculo que raya en lo desconcertante.

Es como si auguraran para los dominicanos, que deben prepararse a enfrentar escenarios como los Estados Unidos de Trump o de la Francia de Macron o de la Alemania de Merkel o de la Venezuela de Chávez o de la España de Rajoy. Y por qué no, de Brasil, de Perú, de Ecuador, de Panamá, de Argentina, de Chile y de Honduras, para solo citar algunos países con realidades diferentes, pero todos inmersos en un mundo globalizado.

Pues bien, el todopoderoso Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que concluye el 2017 celebrando sus 44 años de fundado y que ha gobernado en República Dominicana desde 1996, con la sola excepción del período 2000-2004, mantiene un dominio deslumbrante en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

No obstante, nunca como ahora la corrupción administrativa había permeado los cimientos de la otrora férrea disciplina y formación política del PLD. Solo el caso Odebrecht llevó por ante la Suprema Corte de Justicia a dos de sus senadores, Julio César Valentín y Tommy Galán; a dos exprecandidatos presidenciales y dirigentes del influyente Comité Político, Temístocles Montás y Radhamés Segura, y al miembro del Comité Central y secretario de finanzas de la organización, Víctor Díaz Rúa.

La aceptación de los sobornos otorgados por la empresa brasileña, que en este país alcanzó los 92 millones de dólares, ha tenido tantas repercusiones que también arrastró al Partido Revolucionario Moderno (PRM), la segunda fuerza electoral, con el sometimiento a la justicia de su presidente Andrés Bautista, el diputado Alfredo Pacheco, y los dirigentes César Sánchez y Roberto Rodríguez, así como al debilitado Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aliado del PLD, con el dirigente y exdiputado Ruddy González.

Todo ello se registra mientras llueven las denuncias de amplios sectores de la sociedad, incluyendo las multitudes del novel movimiento Marcha Verde, sobre la impunidad que impera en el manejo irregular de los fondos públicos en numerosas instituciones estatales.

Pero la compleja situación en que se debate el partido gobernante se manifiesta también en una sórdida lucha interna protagonizada por las corrientes del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, que se disputan el control de la organización a tal nivel que los análisis políticos comienzan a advertir la posibilidad de una división irrevocable.

Las últimas consecuencias de este enfrentamiento entre los seguidores de Medina y Fernández pueden ser catastróficas. Ya el Congreso Nacional se vio precisado a posponer por enésima vez las leyes de Partidos Políticos y del Régimen Electoral, para dar tiempo, no se sabe hasta cuándo, a que los grupos peledeístas definan la pertinencia o no de aprobar las primarias abiertas para elegir los candidatos.

Estas dos piezas legislativas han sido calificadas como vitales para la transparencia de las elecciones del 2020 y el fortalecimiento de una democracia que por más de cinco décadas el país aguarda su consolidación.

Si nos vamos al litoral opositor, las expectativas sobre su liderazgo no pueden ser más embarazosas. El PRM acaba de aplazar para el próximo año la convención convocada este mes para designar la dirección nacional. Y las señales que envían el expresidente Hipólito Mejía y el excandidato presidencial Luis Abinader, son que el choque final resulta inequívoco.

Con relación al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que gobernó el país por 22 años, 1966-1978 y 1986-1996, la realidad en que se debate no puede irradiar una virtud más empequeñecedora. Dos nuevos grupos, encabezados por su presidente Federico Antún Batlle y el diputado Víctor (Ito) Bisonó, están convencidos de que la muerte final de la organización tendrá que decidirse en el Tribunal Superior Electoral, no por el poder de las masas.

Rodeado de este panorama sombrío, el sistema político dominicano tendrá que recibir el 2018, cuando comenzarán los plazos fatales para participar en las elecciones más complejas que se hayan celebrado en la historia del país, donde se escogerán el presidente y vicepresidente de la República, los senadores, diputados, alcaldes, vicealcaldes y directores municipales.

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