Educación ambiental en República Dominicana

En la República Dominicana, la educación ambiental ha sido una preocupación del Estado en los últimos 40 años. Las distintas normas aprobadas en las cámaras legislativas y los decretos sobre la materia lo ponen de relieve. En este sentido, en el año 1931 se aprobó la Ley No. 85 sobre Caza y Pesca; en 196 2se crea la Dirección General de Foresta, mediante la Ley No. 5856; en 1968 se promulga la Ley No 331 con la fi nalidad de regular el uso indiscriminado de pesticidas; en 1970 se dispone mediante el decreto No, 2550, la creación de una Comisión para solucionar las difi cultades relacionadas con aquellos contaminantes que afectaban al medio ambiente.

En ese mismo año (1970), luego de que República Dominicana asume la conferencia de Estocolmo, se inicia un proceso de promoción de la educación ambiental, materializado con dos eventos promovidos por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), denominados “Simposio hacia el 2000” y “del Mar”, en los cuales se analizaron los temas relativos a la contaminación ambiental y a las alteraciones físicas y biológicas de los ecosistemas.

Con estos antecedentes, se inició un proceso de concienciación sobre el tema medioambiental, lo que se refl ejó en la creación de grupos ambientalistas, como la Sociedad Dominicana de Ecología y la Sociedad Ecológica del Cibao. Estas dos ONG’s son promotoras de la educación ambiental.

En 1974, mediante la Ley No 67, nace la Dirección Nacional de Parques, para proteger y cuidar las áreas recreativas y los parques nacionales; se creó de igual manera, el Museo de Historia Natural, para los estudios de los recursos naturales, colección de fósiles y promoción de la educación ambiental; con el decreto No. 414 de 1975, se estableció el Parque Zoológico Nacional, para el estudio de las ciencias botánicas y la conservación de la fauna, dando inicio a los primeros cursos de educación ambiental en el marco de un convenio con la Secretaría de Estado de Educación de la época; en 1976, con el decreto No. 456 se creó el Jardín Botánico Nacional Rafael María Moscoso Puello, en honor a este ilustre dominicano que además de biólogo y botánico, fue el primer dominicano en realizar estudios científi cos sobre la fl ora nacional.

En 1977, se creó el Departamento de Medio Ambiente y en los años 1978 y 1979, el Departamento de Vida Silvestre y una división de Educación Ambiental en el Ministerio de Agricultura. Para 1985, se promulga la ley No. 295, la cual prescribe de manera obligatoria la educación ambiental en las escuelas públicas y centros privados, en todos los niveles.

En 1990, se inaugura el Acuario Nacional, para promover la fauna, la fl ora marina y la educación ambiental.

Los primeros técnicos y especialistas en educación ambiental, se formaron en Estados Unidos en la Universidad de Ohio; y en la República Dominicana, el Instituto Superior de Agricultura (ISA) en la provincia Santiago, fue la primera institución de educación superior que incluyó en su currículo académico, la enseñanza de los temas medioambientales y ecológicos.

Posteriormente, la UNPHU, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Universidad Iberoamericana (UNIBE), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), desarrollaron programas en Ciencias Ambientales en la mayoría de las carreras. Con el auspicio de la UNESCO, se crea en 1990 la Comisión Nacional de Educación Ambiental, con la colaboración de organizaciones no gubernamentales.

Luego de la participación de República Dominicana en la Conferencia de Rio, se promulgó la Ley 300 en 1998, que deroga la Ley No. 295-85 y establece nuevamente la obligatoriedad de la educación ambiental. Dos años más tarde, se crea la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hoy Ministerio de Medio Ambiente, mediante el marco regulatorio No. 64-00, que recoge en forma detallada las defi niciones, fundamentos, principios, objetivos, instrumentos, responsabilidades y sanciones relativos a la protección y conservación del medio ambiente en República Dominicana. Además, en su capítulo VII, en los artículos 56-58, se establece la educación ambiental como elemento esencial para el mantenimiento y preservación de los recursos naturales de la Nación Dominicana. En el año 2004, luego de varios años de estudios y ponderaciones, se diseñó la Estrategia de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable, bajo la responsabilidad del hoy Ministerio de Medio Ambiente. En el año 2010, se promulga la Constitución Dominicana y en sus artículos 66 y 67 se prescriben los derechos colectivos, difusos y del medio ambiente, destacando “La conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la fl ora; y la protección del medio ambiente;”. De manera expresa, el artículo 67 indica el deber del Estado de proteger y prevenir la contaminación, así como garantizar un medio ambiente sano, en benefi cio de toda la colectividad.

La Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), recoge en su Cuarto Eje Estratégico “Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y efi cacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático.” El Senado de la República, aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de Educación ambiental y lo remitió a la Cámara de Diputados el 20 de noviembre de 2017. La iniciativa, de la autoría de los senadores José Hazim Frapier y Chalie Noé Mariotti Tapia, de San Pedro de Macorís y Monte Plata respectivamente, persigue el respeto a la diversidad biológica; la conservación del patrimonio natural; la implementación y promoción de políticas y medidas “de adaptación al cambio climático y a la gestión de riesgos climatológicos”; y concientizar a los estudiantes, padres, maestros y la población en general en relación al medio ambiente y la importancia de su protección, como elemento esencial del desarrollo sostenible.

Conforme al proyecto de ley indicado, el desarrollo de la conciencia ecológica es la esencia y la fi nalidad de la educación ambiental, para que se pueda garantizar la salud del planeta en el más amplio concepto de la biodiversidad.