Dos comisiones mantienen al país político en vilo

La ineficiencia del funcionamiento en las instituciones estatales ha transformado la República Dominicana en el país de las comisiones. Tanto prestigio se confiere a estos organismos que en múltiples ocasiones los principales ejecutivos de los poderes del Estado, les delegan sus responsabilidades. Ya sea para ganar tiempo ante la adversidad, ya sea para evadir compromisos o persuadir colectividades cuando toda la población percibe que los resultados, si los hubiera, serían manipulados.

Por estas valederas razones los dominicanos no han prestado mayor atención a dos comisiones sui generis, designadas en las últimas semanas. Una que interfiere de manera grosera con el Poder Legislativo y la otra con el “Poder Electoral”, representado por el tribunal de elecciones. El riesgo está en que en ambos casos la conclusión tendría una incidencia determinante para el fortalecimiento de la democracia y del debilitado sistema de partidos políticos.

Primera sorpresa: Cuando la Comisión Bicameral del Congreso, que estudia la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas,estaba en su fase final de consenso para someter la pieza al hemiciclo, el Comité Político del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en su reunión del 2 de octubre pasado, decidió abrogar la función.

Ante las insuperables contradicciones entre los grupos internos del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, los peledeístas dispusieron con sus propias manos contratar una comisión de cinco juristas, que luego el 15 de noviembre aumentaron a siete.

Estas eminencias, expertas en derecho constitucional, desconocidas aún, tiene la suprema encomienda de estudiar la Carta Sustantiva y determinar si la celebración de elecciones primarias simultáneas en los partidos políticos es constitucional o no.

Todavía hoy nadie se aventura a determinar en qué parará la cosa dentro del PLD, porque cada día que pasa las confrontaciones se radicalizan. Los danilistas junto al secretario general del partido y presidente del Senado, Reinaldo Pared, sostienen que el sistema de primarias es constitucional. Mientras Fernández y los leonelistas defienden el uso del padrón interno y la inconstitucionalidad de las primarias, apoyados en el artículo 277 de la Constitución y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 2005.

En medio de ese incierto panorama, la Comision Bicameral se mantiene cruzada de brazos y el manoseado Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, que todos aseguraron se aprobaría en 2017, está en un limbo cuando se acerca el fin de la presente legislatura el 12 de enero, y el 2018 llega de manera inexorable, aumentando las expectativas del proceso electoral para el 2020.

La segunda sorpresa: Otra comisión, de asesores informáticos, que indudablemente ha desorbitado los ojos de la población es la designada por el Pleno de la Junta Central Electoral. No solo por el prestigio y configuración de sus integrantes, sino porque tiene la intrincada tarea de determinar qué vamos a hacer con los equipos electrónicos utilizados en las elecciones del 15 de mayo del año pasado. Su departamento de Informática ya descalificó esos escáneres para el proceso de votación de 2020, según lo informado el 8 de noviembre pasado por el propio presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán.

Esa “sofisticada” tecnología, compuesta por 49,200 equipos registrados en inventario, que no cumplió a cabalidad los objetivos para los cuales fue contratada en 2016, costó a este pequeño país del Caribe nada más y nada menos que 35 millones 366 mil dólares, de los cuales se adeuda todavía U$13.9 millones. Y que la Cámara de Cuentas, en una función tan poco común del informe de auditoría, conmina a la JCE a pagar a la empresa española Indra.

Se espera que esta comisión realice su primera reunión el próximo jueves. Después a los dominicanos nos embriaga por completo el período navideño, por lo que es de suponer los resultados de sus conclusiones, al menos preliminares, el país lo podría tener a principios del próximo año. Eso debía ser lo lógico y racional, para que la excepción ponga a prueba la regla, como ocurre en el país en estos casos de interés nacional.