El voto obligatorio
El voto obligatorio es la única vía que tendría la reforma electoral que está discutiendo la Comisión Especial en el Congreso para evitar uno de los ejes centrales de la corrupción política y electoral que afecta el sistema político dominicano, que es sin dudas el negocio de ir o no a votar el día de las elecciones. La oposición ha unifi cado una propuesta en ese sentido, que procura combatir uno de los hechos de corrupción electoral más repugnables y ancestrales que ha carcomido la idoneidad de elecciones en la República Dominicana: la compra del voto de infelices, en la mayoría de los casos con dinero robado del Estado dominicano.
Contra la propuesta del voto obligatorio se ha pronunciado el Secretario General del PLD, Reinaldo Pared, y el director de la Finjus, mi amigo y colega Servio Tulio Castaños Guzmán, alegando supuesta inconstitucionalidad y algunas otras voces exponiendo que se tratan de métodos dictatoriales, atrasados y arcaicos.
¿Sería inconstitucional el voto obligatorio en la República Dominicana? Veamos qué dice la Carta Magna al respecto. El Artículo 75, ordinal 2, de la Constitución de la República reza de la manera siguiente: “Artículo 75.- Deberes fundamentales. Los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral, que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes: 2) Votar, siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo;” ¿Es un deber fundamental instituido en la Constitución, una obligación? ¿Debe incumplir el ciudadano el mandato de la Constitución en cuanto a lo que son sus deberes fundamentales? El constituyente ha sido claro, no sólo en establecer el “deber fundamental”, sino de profundizar en que “el orden de responsabilidad jurídica y moral obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad”.
De la sola lectura de nuestra Constitución queda claro que una legislación adjetiva haciendo obligatorio el voto, jamás podría ser contraria a nuestra Carta Magna.
El argumento de que el voto obligatorio es sinónimo de dictadura y retroceso es un absurdo mayúsculo.
Muchas de las democracias más sólidas de América Latina tienen en su legislación el voto obligatorio, con sanciones, como es el caso de Brasil, Argentina, Uruguay, Panamá. Colombia actualmente discute la propuesta del presidente Santos, una reforma electoral que incluya el voto obligatorio. En Europa, Bélgica, Grecia, Italia, tienen el voto obligatorio.
A nadie se le puede ocurrir la barbaridad que han sostenido algunos de manera errónea, de que son medidas dictatoriales, o que sean ideas disparatadas.
Todo lo contrario, son medidas para incentivar el cumplimiento de un deber y una obligación cívica frente a su país, de acudir a las urnas a expresar libremente su voto por el candidato o candidata de su preferencia, que han sido adoptadas por sólidas democracias de manera efectiva para fortalecer su sistema electoral e institucional.
Otro argumento que se sostiene en contra del voto obligatorio es que al que no le gusta ningún candidato debe quedarse en su casa y abstenerse de ir a votar. Para eso, con el voto obligatorio puede expresar su rechazo al sistema echando la boleta en blanco, como una muestra de que no les gusta ninguna de las opciones propuestas. Hasta para eso (medir el rechazo del electorado a opciones que no le agradan) sería un gran avance el establecimiento del voto obligatorio.
La mayoría de los países prevén sanciones para aquel elector que, sin la presentación de excusa válida, pueda no acudir a las urnas. Estas sanciones son fundamentalmente de multas económicas.
“La dictadura” que hay que derrocar en el sistema electoral es la compra de cédulas en los días previos y en el día de las elecciones, donde se montan verdaderos mercados de compra y venta de cédulas; prácticas que llegaron al colmo en las elecciones pasadas, de ejecutarse frente a los colegios electorales y en presencia de la policía electoral y la prensa nacional. Es lógico que los partidos que han usado desde el poder y fuera de él esa práctica, peguen el grito al cielo en contra de cualquier medida que impida la misma. Quieren seguir con el manejo de miles de millones de pesos del Estado dominicano teniendo la oportunidad de subastar los votos y cédulas de cientos de miles de infelices que, por dos y trescientos pesos y un picapollo, empeñan su conciencia a la hora de votar.
El voto obligatorio no sería inconstitucional, ni mucho menos es una idea dictatorial, atrasada o arcaica.
El pueblo dominicano y la sociedad deben apoyarla, si queremos como país, una reforma electoral que ataque de frente los males ancestrales que han corrompido la voluntad del pueblo dominicano en urnas, como es la compra y venta de cédulas para torcer la voluntad popular en urnas.