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El juez que merece la República

  • El juez que merece la República
Edgar Hernández Mejía

15

Para finalizar estos escritos sobre el juez que merece la República, vamos a referirnos a experiencias de otras naciones en materia de régimen disciplinario, evaluación del desempeño e inspección a los jueces.

Personalmente hemos sido observadores y testigos, en nuestra condición de juez de la Suprema Corte de Justicia, de las experiencias de controles de la Judicatura en Costa Rica, Colombia, España, Honduras, Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Panamá y el circuito de California, Estados Unidos de América.

Desde luego, los respectivos procesos de controles y avances del Poder Judicial de estos países no marchan a igual velocidad ni con la misma cantidad de logros ni grado de éxitos.

Pero sí es coincidente en las naciones citadas el hecho de que la capacitación de los jueces ha logrado superar la etapa de los juzgadores improvisados y sin compromiso con el sistema de Justicia. Por ese motivo en todos estos lugares, consideran una valiosa conquista la creación de una escuela de entrenamiento judicial.

En cuanto a la necesidad y conveniencia de la evaluación del desempeño, los criterios son coincidentes. Se estima mayoritariamente que no debe ser únicamente la cantidad, sino básicamente la calidad de las decisiones judiciales lo que se evalúe y se tome en consideración. También es la opinión dominante, que resulta muy difícil o prácticamente imposible la evaluación del nivel de calidad o grado de corrección de algunas sentencias extensas y sustanciosas. Existe consenso en cuanto a la necesidad de permanentemente controlar la laboriosidad de los jueces, a fin de eliminar, o por lo menos disminuir la llamada mora judicial.

Existen otros temas o puntos que necesariamente también deben ser monitoreados y supervisados por las estructuras de controles del Poder Judicial, si se aspira a lograr una fuerte y sana judicatura.

Todas las experiencias de reformas y avances judiciales que hemos conocido, coinciden en que es una imperiosa necesidad la creación y mantenimiento de sistemas de inspectoría que sean cada vez más rígidos, eficientes y ejemplarizadores. Esto así, porque una de las quejas más generalizadas es el frecuente tratamiento displicente, inadecuado y hostil dado al público usuario del sistema de justicia, de parte de magistrados y de empleados del Poder Judicial.

Asimismo, se reporta altísima cantidad de denuncias sobre juzgados y cortes donde el orden de respuesta al usuario del sistema no es rigurosamente por antigüedad de los casos o atendiendo a la naturaleza del trámite o a la materia (administrativa o contenciosa), sino por irritante favoritismo o por “propinas agilizadoras de diligencias”.

Ante esta recurrente situación, la mayoría de los mencionados países han implementado sistemas automatizados; los cuales consisten en la adquisición de máquinas fechadoras de la recepción de los documentos en los despachos judiciales, las cuales son selladas y cuya alteración es considerada un acto delictivo.

Con este novedoso sistema automatizado instalado en las respectivas secretarías de los juzgados y cortes, prácticamente se ha eliminado la fabricación de instancias y documentos diversos antedatados (con fechas viejas), los que se acostumbraba presentar ante los tribunales con la pretensión de derivar consecuencias jurídicas sobre base falsa.

También es generalizado en los diversos sistemas judiciales, la exigencia a los jueces y a los abogados asistentes de los tribunales, de la presentación de su declaración jurada de bienes al entrar al cargo y cada dos o tres años, a fines de poder establecer si existe un incremento patrimonial que aparente ser injustificado; situación que el juez y/o  abogado asistente deberán explicar con claridad, mediante pruebas documentales regulares y válidas.

Finalmente, estimamos de alto interés señalar que en las naciones cuyos procesos de reformas judiciales conocemos, es un criterio unánime el considerar la base del éxito del control ético y moral de la Judicatura, la existencia de un tribunal disciplinario funcional, riguroso y sin compromisos con los jueces ni con los funcionarios o empleados del Poder Judicial. De manera que se instaure un verdadero régimen de consecuencias que sea capaz de sancionar, de destituir y de someter a la justicia penal, en caso de conducta delictiva, a cualquier magistrado, funcionario o empleado que resultare culpable en un juicio disciplinario en el que se respeten todas las garantías constitucionales y legales.

Para despedir esta serie de escritos sobre el juez que merece la República, deseamos narrar una experiencia personal acontecida en el Departamento o Circuito de Justicia de California, el cual visité en el año 2006 en mi condición de juez de la entonces Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, junto a un Procurador General de la República Adjunto y tres funcionarios del Poder Judicial.

En aquella ocasión le pregunté a la Coordinadora General del Sistema Disciplinario de Tribunales y Cortes de California, si allá ocurrían casos de acosos sexuales de parte de jueces y casos de jueces incumplidores de la ética y de las normas y reglamentaciones del sistema de justicia. La rápida respuesta fue: “¡Claro que sí!, aquí también somos humanos y pueden ocurrir todos los errores y debilidades que ocurren en su país. Quizás la diferencia consista en que aquí esas conductas nunca quedan impunes, porque nuestro sistema es muy eficaz”.

Para despedirnos nos expresó: “Nuestro Sistema Disciplinario no tiene amigos ni enemigos, no siente simpatía ni antipatía por ningún juez; es imparcial, objetivo y justo. Y estamos comprometidos, óigame bien, únicamente con la bandera de las 50 estrellas y con la nación que ella representa”.  Nosotros agregamos a lo antes transcrito,  que además de un eficaz sistema de inspectoría judicial y de un régimen disciplinario que no tenga amigos ni enemigos (que actúe de manera imparcial, objetiva y justa), en nuestro país se requiere contar con una estructura rigurosa que sea capaz de evaluar y detectar, antes del ingreso a la carrera judicial, y también en el ejercicio de ella, aquellas personas con desmedidas ambiciones materiales y apetencias de acumulación de bienes, más allá de sus posibilidades legítimas, dentro de lo establecido por la ley. Una estructura de control con estas características aportaría mucho al logro de un Poder Judicial integrado sólo por los jueces que merece la República.

   

COMENTARIOS 1

Comentó: carlos payero
De:
MAGISTRAL ESCRITO DE LA AUTORÍA DE UN GRAN JUEZ DE LA REPÚBLICA.



15 nov 2017 12:26 p.m.
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