LO QUE NO SE VE

No es culpa de “ellos”, ¡es de nosotros!

Ricardo Pérez fernández | ECONOMISTA Y POLITÓLOGO
Santo Domingo

En República Dominicana, al igual que en el resto de América Latina, se va perdiendo la fe en la democracia. En la región, un 65% de los entrevistados se declara insatisfecho con ella; en República Dominicana un 68% sostiene lo mismo. De las instituciones de mayor protagonismo en el desenvolvimiento de las sociedades latinoamericanas, solo las iglesias inspiran confianza en la mayoría de los ciudadanos de la región, luego, ninguna otra institución logra un 50%. Y de todas estas, los partidos políticos, son las que menos confianza generan: tanto en República Dominicana, como en el resto de América Latina, solo un 15% de los ciudadanos consultados le dispensan credibilidad.

Estas cifras, dadas a conocer por el Latinobarómetro 2017, preocupan, y naturalmente, a partir de su conocimiento, son muchas las interrogantes que surgen. Lo primero que habría que preguntarse es, qué exactamente entendemos por “democracia” los dominicanos y los latinoamericanos, y ese solo planteamiento abriría aristas de investigación suficientes para producir abundante material de interés social y académico. Sin embargo, sin haber hurgado sobre lo anteriormente planteado, el hecho de que sean precisamente los partidos políticos las instituciones que cuentan con menor confianza entre los ciudadanos de la región, nos permite construir una hipótesis al menos válida para presentar los argumentos de esta reflexión: la gente interpreta “la democracia” como el estado situacional de las cosas en sentido general, tanto a nivel personal como a nivel social. Si las expectativas de los ciudadanos no son saldadas, estos entienden que el sistema ---la democracia--- les falla y está mal,  y como los partidos políticos son los que, a partir del principio de la delegación, gobiernan el sistema en nombre de todos, la cuota de decepción y desconfianza asignada a estos por parte de los desilusionados, es la más alta entre todas las instituciones de la democracia.

De lo anterior se puede colegir, entonces, que son los partidos políticos los principales responsables de que la “democracia” ande generando tantas insatisfacciones, pero, ¿es racional esta postura?

Nuestra postura frente a la corrupción nos delata
En la República Dominicana, tanto el Latinobarómetro 2017, como la encuesta Gallup publicada hace una semana, ayudan a construir una fotografía bastante acabada y detallada sobre el estado situacional de las cosas, según nosotros mismos.

Solo un 12% entiende que aquí se gobierna para el bien de todo el pueblo; un 87% cree que estamos gobernados por y para grupos poderosos. Un 60% expresa implícitamente que las instituciones ---y ahí están incluidas las leyes--- no tratan a todos de la misma manera. Por primera vez en la historia de estas publicaciones, la corrupción ocupa una posición de importancia, y de una manera simbiótica, se entreteje con la amplia mayoría de los problemas y las frustraciones manifestadas en ambos estudios de opinión.

Según el Latinobarómetro, en República Dominicana el 15% de la población estima que la corrupción es el principal problema del país, solo detrás de la delincuencia y de la economía, y por encima del promedio de los países de la región, que es de un 10%. De conformidad con Gallup, el 34.6% considera la corrupción como el principal problema del país.

La apreciación que aquí tenemos de la existencia de corrupción, es más alta que el promedio de América Latina; la probabilidad percibida por la ciudadanía de sobornar con éxito a un policía, a un juez o a un funcionario, es más alta en nuestro país que el promedio de todos los demás de la región.

Según Gallup, el 89% de los dominicanos opina que los niveles de corrupción en el país son alarmantes, y que solo la prensa y las iglesias hacen un buen trabajo para enfrentarla; luego, al igual que el Latinobarómetro, resalta que los partidos políticos obtienen en este departamento la peor calificación.

Cuando, luego de conocer las consideraciones generales acerca de la corrupción, pasamos a revisar los datos sobre el mismo fenómeno, pero ya en un contexto menos general y más personal y pormenorizado, surgen informaciones que causan curiosidad. Un 60% de los entrevistados considera que a los demás poco les importa que los candidatos por quienes votan sean corruptos; dos de los primeros tres factores causantes de la corrupción son el desempleo y la delincuencia; solo un 10% de quienes presencian actos de corrupción los denuncian y un 73% expresa que no se pagan los impuestos por la prevalencia de la corrupción administrativa.

En lo anterior podemos identificar un patrón, que para mí, es donde reside el meollo de este problema: mientras más nos adentramos en los detalles, advertimos que la corrupción siempre es culpa de algo o alguien más, pero nunca de nosotros mismos.

Si el 89% de los dominicanos considera la corrupción alarmante, ¿cuán posible cree usted que al menos parte de esos “alarmados” sean causantes de esa corrupción que les alarma? El 60% dice que “a los demás” no les importa que los candidatos por los que votan sean corruptos, pero ahí falló Gallup con la estructuración de la pregunta; lo interesante y útil hubiese sido preguntarles si a ellos, a cada uno de los entrevistados, a nivel personal, les importaba. Ahí, por la hipocresía y la doblez que en este tema nos caracteriza, seguro no alcanzábamos el 5% de respuestas afirmativas.

Si dos de los primeros tres factores causantes de la corrupción son el desempleo y la delincuencia, ¿no estoy, entonces, justificando su existencia? ¿No es esta una manera indirecta de sugerir que la corrupción es una alternativa impuesta por condiciones adversas como el desempleo y la delincuencia? ¿No es esta una forma de simplemente decirnos “no es culpa mía”?

Cuando el 73% reconoce que no se pagan los impuestos por la existencia de la corrupción administrativa, ¿no estamos justificando la práctica corrupta de la evasión de impuestos alegando que lo hacemos para no alimentar la corrupción en otro literal? Si así fuera, si nos importara tanto, ¿por qué entonces solo un 10% admite que cuando la ha visto la denuncia?

La mayoría de los dominicanos opina que el gobierno no trabaja para disminuir la corrupción, pero la pregunta que debemos de empezar a hacernos es: y nosotros, la sociedad, ¿qué hacemos para disminuir la corrupción? ¿Qué sucedería si cada uno de nosotros, en nuestra conducta personal, no replicáramos lo mismo que denunciamos como alarmante? ¿Acaso, cuando nos colocamos por encima del promedio de la región en la probabilidad de que las autoridades nos acepten un soborno, no nos estamos revelando como corruptos nosotros mismos? ¿Quién da el soborno al policía, al juez o al funcionario? ¿No serían algunos de ese 89% que denuncia la corrupción como alarmante?

En una manifestación ligeramente distinta de la corrupción, como lo es el clientelismo político, el 53% de los dominicanos reportó haber visto a candidatos políticos repartiendo dádivas, mientras que en el resto de América Latina solo el 33% presenció lo mismo. ¿Para quiénes van destinados esos regalos?; quien los acepta, ¿no participa dentro del engranaje corrupto que los origina? Si los políticos ofrecen dádivas, ¿será porque hay personas dispuestas a aceptarlas? Esto, de ninguna manera, debe interpretarse como una apología al político. En este mismo espacio he escrito innumerables veces sobre la necesidad que tenemos como país de renovar la política y de desplazar a políticos desfasados que perpetúan en perversos círculos viciosos los males que nos atan al subdesarrollo. Pero eso no será posible hasta que la sociedad entienda y acepte su responsabilidad de tener que participar activamente en aquello donde desee ver cambios.

La democracia luce estar en crisis, y aunque aún una amplia mayoría de los dominicanos considera que este es el mejor sistema de todos, la insatisfacción con la misma crece, y la estela de desilusiones pende, cada vez más abarcadora, sobre la sociedad. Pero el problema no es el sistema ni los partidos políticos; ni los políticos, incluso ni la corrupción, porque ésta solo puede existir si ante su oferta se encuentra la demanda; si nosotros la sancionamos como buena y válida en nuestra conducta del día a día, y si cada cuatro años, cuando nos toca decidir quiénes nos gobiernan, la refrendamos.

Para entender mejor lo que aquí he planteado, nos corresponderá echar a un lado el paternalismo político al que tantos males le achacamos, y asumir como sujeto de estudio el infantilismo político que exhibimos como sociedad. Estoy convencido que ahí estaría planteado un nuevo comienzo.