Anticorrupción acusado de corrupto

Un asesinato sacude el país. Un abogado y profesor universitario fue secuestrado de la UASD y su cuerpo hallado con dos blocks sobre el pecho y un disparo mortal en la cabeza, en un arroyo de Manoguayabo. El jurista Yuniol Ramírez perdió la vida en un choque contra la gerencia de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). Dos sicarios pusieron fin a la polémica iniciada por la víctima contra los manejos en el organismo público. Estas líneas semejan titulares de periódico.

Yuniol Ramírez murió y las autoridades destacan más lo que presuntamente hacía, que su asesinato. La causa del hecho de sangre está en la corrupción que enchumba la oficina de transporte, eso debía ser el interés mayor de las autoridades. La destitución temprana de quien fungía como director, por estar supuestamente involucrado en la trama, no rescata la imagen del gobierno.

Desde hace años se afirma que la OMSA es un centro de corrupción. Que es un filón para sus directivos que van y vienen sin que se le ponga coto a la extracción de dólares y pesos que terminan en bolsillos de políticos. También se involucran en esas operaciones empresarios de corta moral y largas ambiciones.

Dañar los vehículos es un negocio redondo. No hay nada más rentable para un empresario político con cargo ejecutivo que reponer el inventario y reparar lo dañado.

La gente debe estar cansada de ver los autobuses de la OMSA varados en la vía pública, a cualquier hora y día. No necesariamente son vehículos viejos, están estropeados en sus mecanismos porque son el retrato del mal mantenimiento y una pobre imagen de gestión o quizá malos manejos adrede para buscar utilidades marginales.

El abogado Yuniol Ramírez fue asesinado porque presionaba a la dirección de la OMSA con denuncias de la corrupción que impera en esa institución. Supuestamente el exdirector, Manuel Rivas, usó los servicios de Eddy Rafael Santana Zorrilla, un empresario amigo, para que tasara el silencio del jurista. Según informa la fiscalía, se montó en cuatro millones el soborno y un millón se había pagado antes de que fuera asesinado.

Las autoridades están atenazadas para la recolección de las pruebas que condenen a los autores.

La sociedad está estupefacta porque con esta muerte se desacredita a los denunciantes contra la corrupción. El abogado Ramírez era uno de esos portavoces, y lo presentan como chantajista.