España rechaza divorcio con Cataluña

Esta semana al gobierno de España al dar su primer paso represivo contra los independentistas catalanes, se anota una marca histórica: los primeros presos políticos bajo el reinado de Felipe II. Las acciones fueron como respuesta al intento secesionista de haber un referéndum para medir las simpatías.

En Cataluña hay un hervidero político. Está planteado el referéndum para el día primero de octubre y las acciones del gobierno, que comenzaron con allanamientos para obtener material de los preparativos y detener a los organizadores, golpean esas iniciativas en ese sentido.

Cada una de las partes habla del respeto a la democracia y las leyes.

Mariano Rajoy, acusado de manipular la ley para impedir la convocatoria, advierte a los secesionistas que eviten males mayores y se aboquen al diálogo. Afirma que actúa bajo el imperio de la Constitución y las leyes, porque el intento del referéndum fue declarado ilegal por la justicia. Además de allanamientos y detenciones efectuadas por la Guardia Civil el gobierno ha retirado las posibilidades de que los catalanes operan con su presupuesto gubernamental.

Esto también ha sido repudiado y lo califican de golpe de estado institucional. Las calles de Barcelona son el escenario de las protestas. Los independentistas afirman que el referéndum se hará de todas formas pero no dicen cómo. Los colegios electorales y cabildos han sido condenados a multas por soportar los intentos de hacer esta consulta popular que evaluaría la posición de los catalanes que quieren ser un país separado de España.

Desde ayer hay acciones de masas y reclamo de libertad para los presos políticos. Vehículos de la policía han sido blanco del vandalismo e impedido que algunos agentes salieran a las calles. También los alcaldes han argumentado pretextos para que los oficiales de la ley fueran acuartelados evitando así su participación en las confrontaciones. Los obreros portuarios se han sumado a las protestas y se niegan a darle servicio a los tres ferris que sirven de albergue a los agentes de la ley.

Las acciones de los catalanes van en aumento. Su intento de separación encuentra cultivo en la población que desde hace muchos años la reclama. El gobierno ofrece mayor entrega de fondos públicos a cambio de que se retire la convocatoria del referéndum. Sin embargo, en el marco de la constitución española los independentistas caminan hacia ningún lugar porque una de las partes no quiere el divorcio.