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Por última vez y como respuesta

Resulta positivo que la clase media se organice y exija ser escuchada y tomada en cuenta. Si se siente golpeada, que salga a defenderse y a hacerse escuchar. Se trata de un segmento social que ha crecido en la República Dominicana. Hoy es más grande y vibrante que una década atrás. Y aunque le cause urticaria a algunos, por lo menos un poquito de los méritos de ese crecimiento hay que reconocérselos a Leonel Fernández. Lamentablemente, sin embargo, esa clase media sigue siendo minoritaria. De hecho, apenas representa cerca de una cuarta parte de la población. Por lo tanto -reitero lo que he dicho otras veces- esos sectores no representan al pueblo. En nuestro país ese pueblo lo representan los más pobres. Los “clasemedia” tienen derecho a protestar y es bueno que protesten si entienden que no están dispuestos a pagar más impuestos. Pero que lo hagan a conciencia. Sin dejarse arrastrar como borregos sobre la base de mentiras. Porque ese movimiento de “resistencia” se ha articulado sobre tres grandes mentiras. La primera la han edificado sobre la razón que motivó la reforma tributaria, que no fue el déficit del 2012 ni de los años anteriores. Es todo lo contrario: los déficits de los últimos años se generaron por las mismas causas que motivan ahora a una reforma, que es la carga tributaria tan baja en nuestro país, de apenas un 13 por ciento sobre el PIB. Una de las más bajas de la región y muy por debajo de la media latinoamericana que ronda los 20 puntos porcentuales. En un país pobre, con tan alta deuda social y muchas exigencias de servicios y obras publicas, un Gobierno no se puede cruzar de brazos. Y si el dinero de los tributos no alcanza para satisfacer mínimamente las expectativas de la población, entonces hay que salir a buscar prestado. Pero se puede buscar prestado hasta un punto, al que casi estamos llegando. Por tanto, hay sólo dos posibilidades: O se aumentan las recaudaciones o el Gobierno queda incapacitado para atender las demandas de la población. Cuatro por ciento incluido. La única razón del déficit es haber gastado más dinero de lo que ingresó al fisco. Y cuando una economía presenta un fenómeno así, el déficit tiene que ser cubierto con financiamientos presupuestarios. Eso es así en Estado Unidos, en Europa, aquí, en Tilín Tilín y en Babilonia. Otra cosa es la calidad del gasto. Y en ese apartado no existen desacuerdos. Es necesario mejorar la calidad y hacer más eficiente el gasto publico. De la forma como precisamente se le esta exigiendo y está haciendo el Presidente Medina desde que asumió el poder el agosto pasado. Otra gran mentira con que han venido soliviantando el ánimo de ciertos segmentos sociales ha sido calificar ese déficit como un “hoyo”. Y decir, sin prueba alguna, que ese dinero fue sustraído de las arcas públicas. Porque una cosa es un déficit y otra muy diferente es un agujero provocado por una malversación. Se puede manejar muy correcta y éticamente un déficit, como se pueden robar todo el dinero del mundo con unas cuentas en superávit. Si hubo y pueden demostrar corrupción en los gobiernos de Fernández, que procedan en los tribunales. Pero que vayan con algo más que la infantil denuncia realizada en estos días por un individuo que busca figuración para asumir roles que la sociedad no le otorgó a un partido que apenas sumó unas decenas de miles de votos en unas elecciones celebradas hace apenas unos meses. El manejo de las cuentas nacionales, con déficit o con superávit, no constituye un ilícito penal. En todo caso se trata de una discusión de política económica sobre lo cual hay toda una serie de teorías y tendencias para abrazar y debatir. La tercera gran mentira es que la reforma afecta a los que menos tienen, con una serie de individuos pretendiendo erigirse en defensores de esos desposeídos de la fortuna. Los argumentos en esa dirección son tan pueriles que refieren a como en lo adelante los pobres pagaran ITEBIS por el café, el chocolate, el aceite o el azúcar. En su falacia se les olvida que esos nuevos gravámenes representan apenas 2 mil de los 46 mil millones de pesos que se busca recaudar con los nuevos impuestos. Y el incremento en dos puntos del ITEBIS constituye entre 6 y 8 mil millones más. Sin embargo, entre el impuesto a la renta, a la propiedad inmobiliaria y a la circulación vehicular el gobierno pretende recaudar sobre los 30 mil millones de pesos. Es de tontos pretender que creamos que se defiende a los pobres cuando se muestra oposición a que sean gravadas las personas con ingresos superiores a los 33 mil pesos mensuales, las empresas o las personas que tiene casas, apartamentos y vehículos de relativo valor suntuario. Es demasiado sencillo demostrar cómo la carga de esta reforma será repartido con un sentido de justicia social que hacia décadas no se producía. Por la misma razón que resulta fácil identificar los intereses que financian esta “resistencia”. Por tanto, si las clases altas y medias quieren protestar porque esta reforma les afecta, está muy bien, les asiste todo el derecho a defenderse como clase y como sector social. Bien decía Marx que “las clases no se suicidan”. Y en cuanto a los jóvenesÖme parece muy honorable que se interesen, se empoderen y participen en el debate sobre los temas de interés nacional. Pero que lo hagan con ideas, y sin pretender ejercer la vocería de un pueblo que ni por asomo representan. Cuando por demás, es ese pueblo el que a la larga resulta el gran beneficiario de un gobierno con recursos para satisfacer sus demandas en obras y servicios, y que mejore y eleve la inversión social, tal como proclamó en Cádiz el Presidente Danilo Medina. Tampoco pueden dejarse arrastrar por un grupito de seudolíderes y su ejercicio de doble moral. Gente que quiere soliviantar el ánimo de un segmento de la población sobre la base de un discurso moralista cuando recibe generosas pensiones por servir unos pocos años en una institución del Estado, o se perciben altos emolumentos por pertenecer a consejos de entidades bancarias de capital público. No se puede ser tan tontos como esos que repiten todo lo que leen por las redes sociales sin ejercer el más elemental análisis individual sobre lo que se está opinando. El pensamiento y el discernimiento no son funciones colectivas. Siempre he respetado el derecho a la protesta, al igual que el derecho a no protestar y apoyar las causas que cada quien entienda justas, independientemente de que comparta o no esas ideas. Tiene que ver con una firme creencia en la democracia y la libertad. Y en la tolerancia como forma de convivir en una sociedad diversa. Los medios tradicionales y las redes sociales pueden ser útiles para algo tan positivo como convocar a la movilización ciudadanaÖpero también para algo tan ruin y deleznable como insultar y difamar amparado en el anonimato cibernético. No respondo insultos porque prefiero debatir las ideas. Y creo con firmeza que quien insulta carece de nivel y argumentos para debatir.

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