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A palabras necias, oídos sordos

Despues de un largo proceso el Consejo Nacional de la Magistratura se avoca a seleccionar por fin a los integrantes de las Altas Cortes establecidas por la Constitución de la República. Independientemente de las necesidades de sectores de la comparsa, y de lo que pueda decir o pedir un segmento del empresariado agrupado en una de esas “coaliciones” tan de moda ultimamente, este ha sido un proceso ejemplar en el que todos los sectores de la vida nacional participaron amplia y libremente, y que como dijera el Presidente Fernández constituye un paradigama en la región. Todo el que quiso presentar candidaturas lo hizo libremente, pues se otorgó un tiempo más que prudente para que personas y organizaciones hicieran sus sugerencias. Completadas las solicitudes, se realizó una primera depuración sobre la base del cumplimiento de los requerimientos legales y constitucionales. Después, y complaciendo a la comparsa, se dedicaron horas a las evaluaciones de cada uno de los aspirantes. Evaluaciones que fueron transmitidas en vivo a todo el país a través de 15 largas sesiones donde cada uno de los nominados fue sometido a intensos interrogatorios sobre su vida, conocimientos y posiciones sobre temas de trascendencia social y jurídica. Durante los meses por los que se prolongó todo este proceso, cada cual que haya tenido una observación sobre cualquiera de los postulados, ha tenido tiempo de expresarla pública y privadamente. De ahí lo imprudente de la petición del CONEP de que ahora se prolongue el proceso, y que el CNM preseleccione 3 por cada puesto a elegir, para entonces ellos hacer sus observaciones. ¡La verdad es que en este país hay que ver y oir cosas! Porque si la cúpula empresarial o cualquier otro sector social he tenido observaciones sobre nominados en particular, les han sobrado días, semanas y meses para emitir sus opiniones a favor o en contra de cualquiera de ellos. La petición que hace esta gente no solo es extemporánea y necia, sino ademas una aberrante intromisión en asuntos que son de exclusiva competencia de los poderes públicos legalmente constituidos y representados en el CNM. La intención de esta mal llamada “sociedad civil” ---la que lamentablemente se ha sumado esta generación del liderazgo empresarial--- lo que busca es lo de siempre: enturbiar, con la intención de colarse e influir para obtener espacios de poder que no se han ganado con la libre participación democrática. Por eso el Consejo de la Magistratura debe hacer ningún caso a esta solicitud, y proceder, como se espera, a seleccionar en las próximas horas a quienes integrarán las Altas Cortes, y con ello dar cumplimiento a una disposición constitucional que le obligaba a conformar esas cortes a más tardar en enero de este año, y que por diferentes razones no se ha cumplido. Un incumpliento que trae consigo cierto vacío intitucional. El Tribunal Superior Electoral es urgente, pues el país está a meses de ser convocado a las urnas para elegir a su Presidente por los próximos cuatro años, y no se concibe que esa instancia fundamental no este constituida y en plenitud de funciones para derimir cualquier conflicto que pueda surgir antes, durante y después de las elecciones de mayo. El Tribunal Constitucional se hace necesario porque si bien la Constitución previó que la Suprema Corte de Justicia asumiera sus atribuciones hasta tanto sea conformado, la verdad es que desde que la actual Carta Magna fue proclamada, la jurisprudencia constitucional de la SCJ ---de por si pobre en estos 14 años--- se ha convertido en prácticamente inexistente. Y es que temerosa y en una especie de limbo temporal, ni se atreve a conocer los casos que ya tiene, y por lo tanto no motiva que personas interesadas puedan apoderarles. Lo de la Suprema ya es de otra naturaleza, pues hace años que el Poder Judicial reclama a gritos una renovación que en su momento el presidente de la SCJ calificó como “la segunda ola de la reforma judicial”. Y ninguna otra cosa puede impulsar más esa nueva ola de reformas que un cambio y un remozamiento de los integrantes de esa máxima instancia de la Justicia Dominicana. Ya esta bueno de perder tiempo. El país reclama la integración de las Altas Cortes. El proceso ha sido incluyente, abierto y transparente, con evaluaciones que ha visto toda la sociedad. En fin, un proceso ejemplar. El Consejo Nacional de la Magistratura debe seleccionar sin dilación el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional y una nueva Suprema Corte de Justicia, a ver si el año 2012 los encuentra plenamente integrados y en operación, para darle estructura a la gran mayoría de las garantías y los derechos que esa Constitución nos otorga a la verdadera sociedad civil. A palabras necias, oídos sordos. Y quienes quieran participar en esa selección e influir en la escogencia de los integrantes de las Altas Cortes, en mayo próximo tienen su oportunidad: que salgan a buscar votos para que legitimen su “participación” y su “representación ciudadana”.

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