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TC decidirá conflicto de competencia con SCJ

Luis Vilchez González

En un lenguaje claro, el título VII y los Arts. 184, 185 y 188 de la Constitución del 2010, así como los Arts.

30 y 32 del Proyecto Original de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establecen, por primera vez en la historia de la legislación dominicana, la institución del Tribunal de los Conflictos de Competencia; tribunal vigente en la legislación francesa, ahora consagrado en nuestra nueva Constitución donde se establece su competencia y atribución. Dicha competencia está por encima de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a fin de resolver los conflictos que surjan entre las entidades descentralizadas, autónomas, municipios y cualquier otra persona del derecho público.

Por ejemplo, conocería de los conflictos positivos de competencia que podrían originarse entre el TSC y la SCJ al declararse ambos tribunales competentes para conocer el mismo asunto constitucional, tal como erradamente lo hace el Senado en el Proyecto, en estos conflictos siempre el TSC tendrá la última palabra, aun cuando el Congreso apruebe la ley orgánica del TSC con las modificaciones que introdujo el Senado a dicho proyecto original.

Lo mismo sucedería en la solución del conflicto de competencia negativa, que ocurre cuando se desapoderan del mismo asunto el Poder Ejecutivo y el Legislativo, quedando en manos del TSC resolver este asunto. (Ver Procedure Civile, Jean Vincent, Pág. 432).

Nuestra Constitución, en su Art. 185, numeral 3, así como en el Art. 32 del Proyecto de Ley Orgánica del TSC establecen: “El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única y última instancia, los conflictos de competencia entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial”. Es decir, que todas estas atribuciones forman parte de la competencia que tiene el TSC, el cual constituye el órgano superior del Estado en materia de control de la constitucionalidad, con la misión constitucional de revisar también en única y última instancia las sentencias dictadas por la SCJ en los asuntos constitucionales.

El juez S. Calía, magistrado de la Suprema Corte de EEUU, al referirse a la supremacía de la Constitución, dice “que el legislador debe seguir la interpretación original de los textos constitucionales, y si obedecemos fielmente esa regla estamos respetando la constitución”.

Asimismo, el juez Breyer expresa, “que la constitución no es un documento estático, sino un documento vivo, que debe leerse en el contexto de un mundo cambiante”. Todo esto significa que las normas constitucionales son normas generales mínimas superiores, que no pueden ser modificadas por la ley o regla de jerarquía inferior a la Constitución ni por el Proyecto de Ley Orgánica, ni sus modificaciones introducidas por el Senado, con el objetivo de impedir que el TSC conozca las revisiones de las sentencias dictadas por la SCJ en materia constitucional.

El Senado no puede limitar las atribuciones consagradas en el título VII de la Constitución en beneficio del TSC, porque las reglas de competencia son reglas puramente procesales a favor de la única jurisdicción especializada o Tribunal Superior Constitucional.

Tampoco estas atribuciones y competencias del TSC pueden ser interpretadas en el sentido de excluirlo del conocimiento del control difuso de constitucionalidad, pues el control difuso reside en todos los tribunales, desde el juzgado de paz hasta la SCJ, llegando de manera especial al TSC donde culmina el problema con la solución final dictado por el alto Tribunal Constitucional.

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