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Empleados domésticos

Luis Manuel Vílchez Bournigal

Existe el criterio, entre algunos abogados y funcionarios, de que los trabajadores domésticos deben ser incorporados en el Sistema Dominicano de Seguridad Social y además disfrutar de los mismos derechos que los demás trabajadores incluidos en nuestra legislación laboral, algunos basándose en el hecho de que en República Dominicana existen unas 250,000 personas laborando como trabajadores domésticos. Superficialmente, esta tendencia podría parecer una medida acertada. Sin embargo, no toman en cuenta que en nuestro país el servicio doméstico no es un privilegio perteneciente a la clase alta, sino que es un servicio utilizado por gran parte de la clase media dominicana, así como buena parte de la población de escasos recursos.

De ser aplicada esta medida, toda nuestra población se vería afectada. Los gastos mensuales de la familia dominicana se dispararían; la gran mayoría de los hogares dominicanos viven con ingresos por debajo de los RD$25,000.00 mensuales, si a esto le añadimos el infortunio de que familias con escasos recursos tengan que añadir a sus gastos mensuales el tener que estar pagando una cantidad de dinero a la Seguridad Social a fin de poder tener una empleada doméstica, lo probable es que esto provoque una disminución considerable o la desaparición de aquellos hogares en donde ambos esposos trabajan, lo que reduciría los ingresos que mensualmente la familia dominicana promedio percibe.

Asimismo, debemos tomar en cuenta que, actualmente nuestro Código de Trabajo en sus Arts. 4, 258-265 señala cuales derechos disfruta un empleado doméstico, teniendo el empleador que pagarle vacaciones y salario de navidad en caso de terminación del contrato de trabajo. Sin embargo, si un trabajador doméstico tuviese los mismos derechos que los señalados por el Código de Trabajo para aquellos empleados que laboran en una empresa, entonces una ama de casa podría ser pasible de ser demandada laboralmente, ya sea por un despido injustificado, o peor aún, ser demandada por haber realizado un desahucio irregular, lo que conllevaría que esa ama de casa tenga que pagar preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones, navidad y adicionalmente hasta 6 meses de salarios por haber realizado un despido injustificado o, en caso de desahucio, un día de salario por cada día de retardo en el pago de las prestaciones. Un sinnúmero de pequeñas y medianas empresas han cerrado en nuestro país debido a las condenaciones que puede acarrear un despido injustificado o un desahucio irregular de un trabajador, igualmente en los últimos años los empleadores se han visto envueltos en demandas en daños y perjuicios por la no inscripción de sus empleados en el Seguro Social.

¿Podría una familia promedio dominicana estar en las mismas condiciones que una empresa para poder soportar las condenaciones por prestaciones laborales e indemnizaciones en daños y perjuicios por no inscripción en el Seguro Social basadas en una demanda laboral de un empleado doméstico, en caso de que esta corriente sea tomada en cuenta para una modificación de nuestro Código de Trabajo?

Estas aspiraciones sobre el ideal de un “trabajo decente” conllevan regulaciones excesivas que van más allá de las normas laborales y de la Seguridad Social vigente, no teniendo en cuenta la realidad social y económica dominicana. Los trabajadores informales ocupan alrededor del 55% de nuestra fuerza laboral, más de dos millones de personas no se encuentran registradas en la Seguridad Social de acuerdo a datos de una encuesta nacional elaborada por el Banco Central en el 2010. Con un desempleo que alcanza más del 14%, estas corrientes deberían de ir más de la mano con nuestra realidad, sin dejar de observar las directrices seguidas por las economías más desarrolladas, las cuales han estado combatiendo el desempleo a través de la flexibilización de la contratación laboral.

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