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Atribuciones del Tribunal Constitucional

Luis Vílchez González

El procedimiento constitucional dominicano, a diferencia del sistema francés y el norteamericano, establece dos procedimientos para declarar una ley o actos contrarios a la Constitución. El primero a favor de limitadas personas por vía principal o concentrada ante el tribunal constitucional; el segundo procedimiento, es la excepción de constitucionalidad o control difuso que está reservado para las partes en un litigio laboral, civil, penal, etc., por ante un tribunal de derecho común o administrativo.

Es decir, el control concentrado o por vía directa tiene lugar aun en ausencia de demanda inicial o conflicto ante un tribunal de fondo, por eso, el fallo, producto de este apoderamiento directo del tribunal constitucional tendrá un efecto general, erga omnes, o sea, contra todo el mundo, mientras que las decisiones sobre la excepción de constitucionalidad, hábeas data, hábeas corpus y acción de amparo tienen un efecto relativo, aunque hayan sido elevadas a la categoría constitucional debido a las debilidades del sistema legal dominicano.

Sin embargo, esto no significa, como alegan erróneamente algunos, que estos asuntos dejan de ser de la competencia de los tribunales del derecho común o administrativo.

Nuestra Suprema Corte de Justicia, en funciones de tribunal constitucional, explica la diferencia entre acción directa y la excepción de constitucionalidad ante los jueces del fondo, ambas acciones son distintas, en sus efectos y apoderamiento, según el criterio de la justicia constitucional pronunciado en fecha 19 de mayo del 2010, expresando: “...que una persona tiene un interés legítimo y jurídicamente protegido cuando demuestre ser titular de un derecho o interés consagrado por la constitución de la República, leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, cuya violación sea susceptible de causarle un perjuicio”. Este equilibrio entre los dos recursos ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia en funciones de tribunal constitucional al explicar en el fallo de fecha 19 de mayo del 2010 el concepto de la parte interesada y la acción directa, estableciendo que “el tribunal constitucional será competente para conocer en única instancia de las acciones directas en inconstitucionalidad contra leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas a instancias del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegidos”. En este contexto, el tribunal constitucional no decide sobre los hechos, salvo excepciones, y mucho menos conoce el fondo del recurso de amparo, hábeas data y la acción de hábeas corpus, al contrario, sólo conoce de las violaciones a la Constitución por tratarse de una falta de mayor gravedad, regla suprema que rige su apoderamiento.

Todo esto significa que los precedentes del tribunal constitucional, por vía de autoridad, obligan y están por encima de cualquier precedente de todos los demás tribunales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, por lo que nada le impediría al tribunal constitucional establecer y mantener la unidad de la jurisprudencia constitucional, porque sus fallos tienen que ser acatado por todos los poderes del Estado, independientemente de los motivos que den lugar a la apertura de un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, según las disposiciones de los Arts.

6, 70, 71, 72, 149 y 184 de la Nueva Carta Magna.

Entretanto, la Suprema Corte de Justicia, ejerciendo las atribuciones de tribunal constitucional, en virtud del art. 29, numeral 2 de la ley 821 de 1927, sobre Organización Judicial, debería dictar una resolución transitoria que reglamente el procedimiento a seguir ante la Suprema Corte en los casos de excepción constitucional y de manera especial establecer la forma de desglosar o separar el expediente constitucional y los medios planteados por las partes en el recurso de casación.

El autor es abogado.

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