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España acusa a 13 políticos catalanes por rebelión

Exconseller. Jordi Turull (centro), candidato a ser investido presidente de la Generalitat, a su llegada al Tribunal Supremo, tras un receso, a la espera de que el juez Pablo Llarena decida si decreta su ingreso en prisión.

Exconseller. Jordi Turull (centro), candidato a ser investido presidente de la Generalitat, a su llegada al Tribunal Supremo, tras un receso, a la espera de que el juez Pablo Llarena decida si decreta su ingreso en prisión.

Un juez del Tribunal Supremo de España acusó ayer a 13 políticos secesionistas catalanes de rebelión por sus intentos de lograr la independencia de la región, lo que significó un duro golpe para el movimiento secesionista, ya que su elite política podría ser condenada a décadas de cárcel.

El juez Pablo Llarena ordenó la prisión preventiva sin derecho a fianza para cinco de los políticos catalanes que respondieron a su citatorio el viernes. Marta Rovira, del partido izquierdista ERC, no acató la orden y dijo en una carta que huía del país para vivir "en el exilio".

El Tribunal Supremo dijo que se emitieron órdenes de arresto internacionales para seis políticos prófugos.

De acuerdo con las leyes españolas, los cargos de rebelión, derivados en este caso de la declaración de independencia de octubre, pueden acarrear penas de prisión de hasta 30 años. Las prisiones preventivas probablemente causarán indignación en Cataluña, donde muchos califican a los funcionarios afectados de "presos políticos". El grupo independentista ANC convocó a realizar manifestaciones en ciudades de la región el viernes por la noche.

El movimiento separatista de Cataluña, una próspera región de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España, ha generado la crisis constitucional más grave de las últimas décadas. Los cargos formulados el viernes aparentemente frustran las esperanzas de salir del impasse político e instalar un nuevo gobierno catalán en el futuro previsible.

Los partidos y grupos cívicos independentistas han desafiado al gobierno español durante los últimos seis meses con sus intentos de escindirse de España y crear una república. Sin embargo, han chocado contra la férrea oposición de los tribunales.

Según las encuestas, los catalanes están divididos de forma pareja con respecto a la secesión, aunque la gran mayoría apoya resolver el asunto mediante un referéndum legal acordado con las autoridades centrales.

Las limitaciones políticas y legales impidieron que la estrecha mayoría separatista en el Parlamento catalán eligiera un presidente y gobierno desde la elección de diciembre. El fracaso más reciente, el jueves, inició una cuenta regresiva de dos meses para formar gobierno o bien convocar a una nueva elección.

Uno de los encarcelados el viernes fue Jordi Turull, exministro del gobierno destituido, quien en la votación del jueves no consiguió los sufragios necesarios para ser elegido presidente regional. En teoría, Turull tiene una segunda oportunidad de ser elegido el sábado por mayoría simple, pero no está claro si la votación puede proceder sin su presencia física.

El presidente del gobierno español Mariano Rajoy se negó a hacer declaraciones sobre el aspecto legal, pero dijo que no le entusiasma llamar a una nueva elección en Cataluña. Dijo que no le gusta repetir elecciones, que la gente vota y corresponde a los políticos resolver los problemas, no crear otros nuevos.

En su fallo, Llarena dijo que 25 separatistas catalanes serán juzgados por rebelión, malversación o desacato.

Entre los acusados de rebelión estaban el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, ya bajo prisión preventiva; la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Puigdemont dijo que no flaquearía ante los cargos. "Veamos qué sucede mañana, qué sucede hoy. Las cosas cambian todos los días", dijo Puigdemont desde Helsinki, donde se encontraba de visita.

Dijo que Llarena se dejó influir por el clima político y comentó que "no está bien que un juez haga política".

El fallo de Llarena advierte que la estrategia secesionista está "latente y pendiente de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas". La región semiautónoma carece de gobierno desde hace casi cinco meses, cuando las autoridades centrales asumieron las competencias.

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