Fiscalía: cargos imputados a Martinelli son no políticos y extraditables

La Fiscalía de EE.UU. defendió ayer en un escrito presentado ante la corte de Miami donde se ventila el caso de extradición de Ricardo Martinelli que las escuchas ilegales que se le imputan al expresidente panameño no constituyen "delitos políticos puros" y son por ello "extraditables".

En el escrito, el fiscal en ejercicio Benjamin G. Greenberg rebate el argumento de la defensa de Martinelli según el cual los cargos por la red de escuchas ilegales son de naturaleza política y entran en la categoría de espionaje y no están sujetos al tratado de extradición vigente entre Panamá y Estados Unidos.

Citando numerosos antecedentes jurídicos, Greenberg hace una distinción en su escrito entre los delitos políticos "puros", como la traición, la sedición y el espionaje, que afectan al Estado, y los "relativos", "que afectan también a intereses privados".

A su juicio, las interceptaciones ilegales de comunicaciones privadas que son investigadas por la Corte Suprema de Panamá y de las que se cree que fueron víctimas centenares de personas, incluidos opositores al Gobierno de Martinelli (2009-2014), entran en la segunda categoría.

Las acusaciones tienen que ver con las leyes que protegen el derecho a la privacidad y la vigilancia no autorizada contra personas, "no son delitos dirigidos contra el Estado", señala.

Greenberg menciona que si se tiene en cuenta el artículo VI del Tratado de Extradición bilateral de 1904, Martinelli puede ser extraditado por los delitos que se incluyen en la petición panameña.

Por su parte, la defensa introdujo hoy al expediente del caso cinco cartas de personas que apoyan al expresidente, entre ellas un profesor universitario, Bruce Michael Bagley, quien insta "enérgicamente" a las autoridades estadounidenses a conceder asilo político a Martinelli.

Bagley, "experto en política latinoamericana" de la Universidad de Miami, señala que Martinelli hizo de Panamá uno de los más efectivos socios de EE.UU. en Centroamérica.

Asegura que desde que concluyó su mandato ha estado sometido "sistemáticamente a una persecución política" de parte de sus "oponentes/enemigos, que ahora gobiernan Panamá".

Otra de las cartas está firmada por Leonor Linero, de la junta de directores de la Fundación Constructores de Familia en EE.UU., quien asegura que Martinelli ha sido un "voluntario extraordinario" de esa entidad y ha dedicado "muchas horas" cada semana a "ayudar a los más vulnerables de la comunidad".

Albero Osorio se dirigió al juez Torres como "un hombre de familia y de principios" que conoce a Martinelli desde hace varios años y que asegura que es "un hombre de elevada integridad".

En los mismos términos se pronuncian en sus cartas la colombiana Adriana Gallego y Alfred Santamaria, dirigente comunitario del condado de Miami-Dade, quien además hace referencia a la solicitud de asilo político y subraya de él su "liderazgo y compasión".

Martinelli fue detenido el pasado 12 de junio en Coral Gables, ciudad aledaña a Miami donde tiene su residencia, en razón de una solicitud de extradición para responder ante la Justicia panameña por acusaciones de espionaje ilegal y peculado.

Hasta ahora se han celebrado dos audiencias, la última el pasado martes, en las que la defensa ha insistido en que tanto la orden de arresto como la solicitud de extradición son inválidas y que las acusaciones son de naturaleza política.

Además ha pedido al juez Edwin Torres que deje en libertad bajo fianza al expresidente.

Por su parte, la Fiscalía, que representa en el juicio al Estado de Panamá, ha defendido la validez de la petición panameña y pedido a Torres que mantenga detenido a Martinelli ante el riesgo de fuga.