ADR trabaja para fomentar una cultura de inclusión

La Ley 5-13 destaca el compromiso de cumplir las cuotas establecidas de un 5% para el sector público y un 2% para el sector privado (que cuenten al menos con 25 empleados en nómina) de empleados con discapacidad.

Esta Ley ha sido acatada con timidez, sobre la base de la gradualidad que consigna el reglamento; el cumplimiento de 2 años para el sector público y de 3 años para el sector privado; sino también para que se puedan resaltar las capacidades y talentos de estas personas, no sus limitaciones, y ayudarlos a vivir dignamente y mejorar su calidad de vida, en condiciones de igualdad, para lo cual se requiere mayor voluntad para ofrecer y equiparar las oportunidades de trabajo.

Durante el 2017, la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR) logró colocar en el mercado laboral y productivo a 74 personas con talentos especiales, 43 candidatos en empleos normalizados (cuando en el 2016 fueron 27 colocaciones en empleos dependientes de un empleador) y 31 en unidades de negocios y productivas, por cuenta propia. De estas integraciones 48 fueron realizadas en Santo Domingo y 26 en doce localidades del interior del país.

Este sustancial incremento (16 contrataciones adicionales a las realizadas en el 2016) manifiesta una respuesta positiva y de corresponsabilidad del sector empresarial, y es en parte resultado de la labor de sensibilización en las jornadas de inclusión realizadas tanto en Santo Domingo, como en San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San Francisco de Macorís y Cotuí.

Casos de éxito Marcos Rafael Pérez Rodríguez es un joven de 39 años de edad, que ingresó a la entidad con un año y siete meses de edad, para ser tratado en el área de neurología y fisiatría, con diagnóstico de secuela de polio.

Se graduó en Psicología Industrial de la Universidad Dominicana O&M y ha realizado varios diplomados en Derecho Laboral, Psicometría, Reclutamiento y Selección por Competencias.

Labora en el Banco Popular como Oficial 1 en el Departamento de Captación Análisis y Difusión de la Información desde el año 2012.

Joan Santana Rodríguez, de 28 años de edad, nativo de Constanza, ingresó a la ADR en el año 1996 contando apenas siete años de edad por presentar lesión medular, ocasionada a partir de un accidente automovilístico, realiza desplazamiento mediante silla de ruedas.

Es egrasado del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), como Programador en el área de Informática. En 2011 pasó a ser candidato del Programa de Formación e Inserción Laboral y fue recomendado para una inclusión laboral en la empresa Edesur, entidad en la cual labora como gestor de datos en el área de informática.

Rafael García Marte se unió al centro en 1980 contando apenas un año de edad por presentar secuela de polio con la afectación de sus miembros inferiores, realiza desplazamiento mediante silla de ruedas y/o asistido por un andador.

En 1997 recibió los servicios del Programa de Rehabilitación Profesional, en el que se formó como técnico en informática y digitador. Actualmente estudia Estadística en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Además es verificador de tarjetas de crédito del Banco Popular Dominicano desde el año 2009.

Carlos Guarionex Báez presentaba problemas de aprendizaje y retardo mental. Recibió terapia de aprendizaje y asistencia psicológica. Egresó de la Escuela de Educación Especial Jordi Brossa, y fue ubicado en el Programa de Formación e Inserción Laboral donde inició en el taller protegido para trabajar ajuste personal, desarrollar habilidades y destrezas para luego ver posibilidades de entrenamiento en un oficio.

En el año 2012 pasó a formar parte del programa rotación por diferentes áreas de la ADR, con la finalidad de buscar una alternativa ocupacional. Estuvo en los Laboratorios Ortopédicos y en el área de terapia física. Por los conocimientos adquiridos fue certificado como mensajero interno y ayudante en las áreas de limpieza de los tanques de hidroterapia de terapia física.

((Educación Concientización ADR trabaja para fomentar una cultura de inclusión social, educativa, productiva y laboral a nivel nacional, en las empresas, instituciones y en la sociedad dominicana, para facilitar la libre movilidad, desplazamiento, transporte, mayor acceso a oportunidades educativas y formativas, que por derecho les corresponden a todos los ciudadanos, sin importar su condición.