Violencia política contra la mujer

La violencia contra la mujer está enquistada en el sistema de partidos políticos dominicanos.

“Todos los partidos, chiquitos y grandes, promueven la discriminación y la violencia contra las mujeres”, afirma la ministra de la Mujer, Janet Camilo.

De acuerdo con la funcionaria, constituyen formas de violencia política prácticas como el registro simulado de candidaturas a las que, luego, las mujeres deben renunciar para dar paso a candidatos masculinos, así como el registro de candidatas femeninas en circunscripciones que un partido da por perdidas.

La inequidad en la distribución de los recursos asignados a las organizaciones políticas es otro ejemplo de esta forma de abuso.

“Les dan menos recursos a las mujeres”, denuncia Camilo, quien cita también como parte del problema las amenazas a candidatas electas (a fin de que renuncien a sus cargos), las agresiones verbales basadas en estereotipos, el acoso, los ataques físicos y la violencia sexual.

La ministra de la Mujer hizo estas observaciones durante el panel “Violencia política contra la mujer”, organizado por la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), institución académica de la Junta Central Electoral (JCE). En el encuentro participaron, además, las abogadas Dilia Leticia Jorge Mera y Mariel Ortega y la socióloga Carmen Luisa Figueiras.

Más allá del partido El concepto de violencia política no se limita al activismo en una organización partidista o a la participación en campañas electorales. Mariel Ortega, abogada especializada en derecho internacional y derechos humanos, explica que abarca funciones públicas y cargos no designados por votación popular.

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) define de la violencia política como la que comprende “todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que son basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos políticos y electorales, que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.

Esta problemática tiene distintas manifestaciones (institucional, económica, psicológica, física y sexual), dice Ortega, quien apunta que a las mujeres involucradas en política se les discrimina incluso por su apariencia o su forma de vestir, algo que no suele darse entre los hombres.

“La violencia política es una forma de violencia contra la mujer y por ende corresponde al Estado tomar medios para erradicarla -asegura Ortega-. Es su obligación”.

Aunque el país no cuenta con una ley específica que condene la violencia política (como ocurre en Bolivia, único país de América Latina que cuenta con una ley específica contra este mal: la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, del año 2012), la también abogada Dilia Leticia Jorge Mera recuerda que el artículo 39 de la Constitución Dominicana consigna el derecho a la igualdad y establece que mujer y hombre son iguales ante la ley.

El mismo artículo establece que el Estado debe “promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado”.

“No es un favor que me estás haciendo como mujer: es un derecho el participar en igualdad de condiciones”, asevera Jorge Mera, experta en derecho y relaciones internacionales y en derecho de familia.

Participación En opinión de la socióloga Carmen Luisa Figueiras, la clase política masculina del país aun no reconoce a las mujeres políticas como sus iguales en derechos.

“En lo que se refiere a equidad de género y a apertura democrática, la sociedad dominicana en su conjunto, es decir, la ciudadanía, parece ser capaz de ir superando sus prejuicios y mostrar mayores niveles de apertura que su dirigencia política”, afirma la encargada de Investigación y Publicaciones de la EFEC.

La participación de las mujeres en la esfera política -como votantes, líderes y organizadoras de movimientos de base- constituye una de las áreas de más avance en décadas recientes, asegura Figueiras. Lamenta, sin embargo, que mientras los partidos están llenos de mujeres, las cúpulas partidarias siguen siendo “trincheras masculinas”.

Las mujeres tienen una presencia limitada en el Gobierno: encabezan solo el 18% de los ministerios y ocupan solo el 12% de las senadurías, el 20% de las diputaciones y el 10% de las sindicaturas.

En las regidurías, que se encuentran en la base de la pirámide del poder político, sí se cumplen las cuotas de participación femenina. “Es el cargo considerado de menor jerarquía, por lo tanto, no hay gran problema en al menos cumplir la cuota del 33 por ciento”, señala Figueiras.

La socióloga concluye que la participación de las mujeres en las estructuras de poder sigue la lógica de la pirámide: “Mientras más importante es el cargo en términos de toma de decisiones, menor cantidad de mujeres hay ocupando esos cargos”.

((Medidas necesarias Durante el panel “Violencia política contra la mujer”, Carmen Imbert Brugal, miembro del Pleno de la JCE y coordinadora del Consejo Académico de la EFEC, llamó a las políticas dominicanas a superar las diferencias partidarias y buscar puntos comunes para combatir la violencia en razón de sexo.

“Eso sería estupendo para lograr por lo menos denunciar y diseñar otro camino, porque, dolorosamente, el camino que diseñamos hace unos años no nos está dando resultado”, comentó la magistrada.

Las panelistas corroboraron esta idea e hicieron énfasis en la necesidad de luchar por la aprobación de una ley de partidos políticos que establezca la paridad.

La ministra de la Mujer, Janet Camilo, expresó que los partidos deben contar con protocolos internos para erradicar este problema e incentivar a las mujeres a denunciarlo.

En opinión de Camilo, “es importante hablar de la violencia política porque es una realidad. Si usted no reconoce que tiene una situación, usted no la va a poder superar y trabajar”.