Defensor del Pueblo deplora gran déficit de cobertura en servicios de salud mental

Dice que últimos casos de intentos de suicidios indican que se le debe prestar mayor atención a esa área de la salud.

Sólo en el 2021, los centros públicos de salud atendieron 570,312 casos por ansiedad.

Sólo en el 2021, los centros públicos de salud atendieron 570,312 casos por ansiedad.ARCHIVO/LD

Un estudio elaborado por el Defensor del Pueblo evidenció el gran déficit de servicios de salud mental que tiene el país, sobre todo en el sector público, por lo que el organismo considera urgente la necesidad de ampliar y diversificar la oferta de atención ante la creciente demanda de la población.

El estudio sobre la situación de salud mental en RD, publicado en la sección de investigaciones de la página web del Defensor del Pueblo, destaca que sólo 53 centros públicos en el país ofrecen servicios de psiquiatría, mientras se estima que 20 % de la población dominicana puede padecer de algún problema de salud mental.

La investigación titulada “Mentes sanas y políticas enfermas” fue realizada por el Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho del Defensor del Pueblo.

Precisa que de 138 centros médicos públicos que a nivel nacional ofrecen algún tipo de servicio de salud mental, sólo 53 tienen de psiquiatría.

“Posteriormente al lanzamiento de este estudio y gracias a las recomendaciones que realizamos, el Ministerio de Salud Pública puso en funcionamiento una línea de atención a los casos de salud mental, sin embargo, entendemos que no es suficiente y se hace necesario la formulación de más políticas públicas que se ejecuten desde el estado para mitigar este flagelo”, puntualizó ayer el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.

No obstante, añadió que se le debe prestar mayor atención a la salud mental en República Dominicana, por los hechos suscitados en los últimos meses, cuando se han elevado los casos de intento de suicidios, comportamiento agresivo por parte de la ciudadanía, depresión, entre otros trastornos mentales.

Intervención en crisis

Destaca que aunque todos los centros reportan ofrecer servicios de psicología, sólo 15 centros a nivel nacional cuentan con unidades de intervención en crisis, la mayoría concentrados en el Gran Santo Domingo.

El estudio incluye un sondeo realizado a personas con problemas de salud mental y sus familiares.

En ese sondeo, agrega, se determinó que más del 60% de los entrevistados destacó que ha tenido en algún momento que abandonar su tratamiento de salud mental por la falta de recursos económicos.

El estudio refiere que esa fue la razón principal por la que algunos pacientes de enfermedades mentales declararon no haber tenido acceso a tratamiento y la segunda razón de elección de un centro o profesional para obtenerlo.

Agrega que los altos costes y baja cobertura de los seguros hacen prohibitivos los tratamientos de salud mental en el país, donde menos del 50 % de los pacientes entrevistados para el estudio reportó utilizar su seguro para costear los tratamientos de salud mental, debido a bajas coberturas y altos montos de copago.

Destaca que, según las estadísticas del Ministerio de Salud, la ansiedad resulta el trastorno de mayor prevalencia y que sólo en el año 2021, los centros públicos de salud atendieron 570,312 casos por esa condición.

Recomendaciones

Dentro de las conclusiones del estudio, se establece que República Dominicana necesita una estrategia de salud mental que tenga en cuenta la perspectiva de derechos y que para conseguirlo, el Defensor del Pueblo urge a las autoridades sanitarias a poner en marcha diferentes acciones.

Entre ellas, mejorar el sistema de información epidemiológica sobre salud mental; ampliar y diversificar la oferta de servicios de salud mental, especialmente en zonas de más baja cobertura, y aumentar los recursos humanos, técnicos y financieros dedicados a la salud mental.

También, mejorar la cobertura de seguros y disminuir los copagos, así como desarrollar estrategias de salud preventiva en el área de psicología y psiquiatría.

Entiende que la salud mental es un desafío que no puede seguir siendo ignorado, si se quiere garantizar un disfrute pleno del derecho a la vida sana.