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Implicado en caso Gavilán busca obtener su libertad; Corte aplaza audiencia para 17 de octubre

El imputado acudió ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, pero la audiencia fue aplazada para el próximo martes 17 de octubre.

El juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena, recesó para este martes el conocimiento de medida de coerción seguido en contra de los implicados en operación Gavilán, acusados de eliminar antecedentes penales durante años.

Implicados en operación Gavilán.archivo

Alfredo Mirambeaux Villalona, uno de los implicados en el caso Gavilán, de borrar y alterar registros de antecedentes penales de 16,958 personas, busca obtener su libertad mediante un recurso de apelación.

El imputado acudió ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, pero la audiencia fue aplazada para el próximo martes 17 de octubre, a las 10:00 de la mañana.

El tribunal presidido por Isis Muñiz, e integrado por los magistrados Rosalba Garib y Teófilo Andújar, tomaron la decisión debido a que el abogado del imputado Mirambeaux Villalona presentó un certificado médico, razón por lo que la audiencia tuvo que ser aplazada para ese día.

Ese mismo, tribunal dispuso el 6 de septiembre, el mantenimiento en prisión de los imputados Mártires Rosario Reyes y Luis Alfredo Astacio Polanco, quienes se encuentran recluidos en el Centro Correccional de Najayo.

En el caso figuran además como imputados Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República, Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este.

También el expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco, Domingo Julio Santana Sánchez, Rubén Darío Morbán Santana, Laudelina Esther Reyes Silva, Pilar Yrenes Medina Trinidad, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes y Antony Vicente Ferrer Monegro y Romanqui Alexander Dotel Medina.

De acuerdo al ministerio público, desmanteló la red criminal, que, según borró y alteró, a cambio del pago de sobornos, registros de antecedentes penales a 16,958 personas.

En el borrado de antecedentes penales, ejecutado por esta red criminal, han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol.

Igualmente, sostiene que esta estructura llegó al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años de prisión figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.