PEPCA dice coronel Núñez de Aza era el cerebro de entramado

Precisa la acusación que los imputados sustrajeron fon­dos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin traba­jar y recibían un pago men­sual a cambio de ser pres­tanombres

El coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, quien fue gerente financiero de varias entidades.

El coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, quien fue gerente financiero de varias entidades.

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Ramón Cruz BenzánSanto Domingo, RD

La Procuraduría Especiali­zada de Persecución de la Corrupción Administrati­va (PEPCA) estableció que apartándose de sus res­ponsabilidades, miembros del Cuerpo de Seguridad Presidencial y del Cuerpo Especializado de Seguri­dad Turística (Cestur), se dedicaron a sustraer di­nero a través de un sinnú­mero de maniobras frau­dulentas detalladas en la acusación en contra de los involucrados en el caso Coral y Coral 5G.

De acuerdo a la acusa­ción que será conocida por la jueza del Sexto Juz­gado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yani­bet Rivas, los fondos eran sustraídos del dinero dedi­cado a inteligencia, racio­nes alimenticias, combus­tibles y nóminas, además de que la estructura cri­minal sustrajo fondos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Conforme con el ministe­rio público, el entrama­do societario tenía como principal cerebro financie­ro y administrador de las propiedades al coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, quien fungía como gerente financiero a la vez en el Cestur, Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y posteriormente en el Conani, durante los úl­timos 4 meses del gobierno de Danilo Medina (2016-2020).

Indica que Núñez de Aza se encargaba de desviar los fondos de las instituciones donde intencionalmente era puesto como gerente fi­nanciero por sus directores, y adquiere para estas pro­piedades muebles e inmue­bles, además de cubrir los gastos personales y familia­res de estos.

Creación de empresas

Para eso, según la acusa­ción, en concurso con los di­rectores, creó varias empre­sas que aparentaban suplir combustibles, materiales gastables y hacer reparacio­nes, sin embargo, los sopor­tes de esas ventas y servi­cios eran inventados por el equipo que conformaba el departamento financiero de las instituciones.

Aduce que en el presen­te proceso, los acusados de rangos superiores han acu­mulado patrimonios millo­narios sustrayendo dinero del erario en detrimento de la misión de las institucio­nes que dirigieron o para las que trabajaron en la alta ge­rencia.

Considera el ministerio pú­blico que estas conductas, además de ser delito, son actividades que lesionan la calidad de vida y la dig­nidad de miles de oficia­les subalternos y alistados, que día tras día ven como su poder adquisitivo se re­duce y su situación econó­mica, empeora, a causa de salarios que no se corres­ponden con la realidad de las funciones que desempe­ñan.

Sostiene la acusación que las propiedades millonarias que adquirieron los acu­sados ascienden a más de cuatro mil millones de pe­sos, monto que permite te­ner una idea del impacto de esta estructura criminal en el presupuesto de las insti­tuciones afectadas.

Alegan traición

Señala también la instancia de acusación que los impu­tados en el presente proce­so, además de cometer los hechos ilícitos, han traicio­nado la confianza que fue depositada en ellos en sus funciones públicas, condi­ción que se agrava en el ca­so de los miembros de los cuerpos castrenses que ade­más traicionan el uniforme, el rango, a sus compañeros de armas y a la patria que juraron defender.

Detalla que en Cestur, CU­SEP y Conani se asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para gastos de operaciones de in­teligencia, combustible, dis­tribución de raciones, entre otros, valores que fueron desviados y utilizados pa­ra gastos personales e in­versiones de los directores y financieros de las institu­ciones estafando al Estado dominicano.

Precisa la acusación que los imputados sustrajeron fon­dos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin traba­jar y recibían un pago men­sual a cambio de ser pres­tanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80% y el 90% de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la or­ganización.

Agrega que nombraron per­sonas de confianza en los departamentos de audito­ría, despacho de combusti­ble, almacén, raciones ali­menticias, inteligencia y cuentas por cobrar, a los fi­nes de poder mantener el control de lo que se presen­taba a la Contraloría Gene­ral de la República.

La PEPCA sostiene que tam­bién crearon empresas a nombre de personas rela­cionadas al financiero de estas instituciones para su­puestamente “suplir com­bustibles y materiales gasta­bles”, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.

Conforme a la instancia, los imputados adulteraron ex­pedientes de compras, pa­gos y auditorías, a través del uso de sellos gomígrafos y rúbricas falsificadas, para aparentar licitud en el ma­nejo de los fondos públicos ante la Contraloría General de la República.

También destaca el ministe­rio público que elaboraban informes de gatos, llamados “cuadres”, en los que se evi­dencian el uso personal de los fondos públicos y la re­partición entre los miem­bros del entramado; dicho informe era usado interna­mente, el cual se encuentra repleto de codinomes que individualizan el gasto real del dinero distraído.

Igualmente, el expediente dice que utilizaron militares y policías que se prestaron para supuestamente hacer millonarias transacciones sin justificación de la proce­dencia de los recursos.

Eligieron una sucursal del BR

Sin alertas

Apunta la acusación que eligieron una su­cursal del Banco de Re­servas y su gerente, pa­ra que las transacciones realizadas por estos po­licías y militares nun­ca generaran alertas de Reportes de Transaccio­nes Sospechosas (ROS), en el Sistema Financiero Dominicano, esto a cam­bio de retribuciones eco­nómicas a favor de la ge­rente de la sucursal.

El caso Coral será conocido por la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas. ARCHIVO / LD

El coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza.