Repudian intrusión de narcos en la política

En la operación Falcón vinculan un funcionario y otros dos de elección popular, por lo que se afirma existe fragilidad en las estructuras partidarias que permite sean vulneradas por el narco y el crimen organizado.

1-Roberto Rosario, expresidente de la JCE. 2-Celso Juan Marranzini, presidente de AIRD. 3-César Dargam, vicepresidente del CONEP.

1-Roberto Rosario, expresidente de la JCE. 2-Celso Juan Marranzini, presidente de AIRD. 3-César Dargam, vicepresidente del CONEP.

El expresidente de la Jun­ta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, y los em­presarios Celso Juan Ma­rranzini y César Dargam, consideraron ayer preocu­pante la vinculación de dirigentes políticos y fun­cionarios electos en activi­dades del crimen organi­zado.

Rosario Márquez, quien es miembro de la dirección del partido Fuerza del Pueblo, expresó ayer “pro­funda preocupación” ante los resultados de un ope­rativo de persecución y apresamiento de ciudada­nos imputados por su vin­culación en el trasiego ilíci­to de sustancias prohibidas.

La jornada fue ejecutada por el Ministerio Público, con más de 80 allanamien­tos que dejaron varias per­sonas arrestadas, e identi­ficados un funcionario del gobierno y otros electos, como posibles cabecillas de una red de narcotráfico.

Rosario Márquez juzgo “muy peligroso para la so­ciedad dominicana” el hecho de que las personas vincula­das a las actividades ilícitas relacionadas con drogas ile­gales “hayan logrado acce­der a estas funciones públi­cas, poniendo en evidencia la vulnerabilidad del sistema y la facilidad con que el cri­men organizado puede infil­trarlo”.

Su opinion sobre este ca­so las expuso en el programa matutino Despierta RD, que conducen Lorenny Solano, Gilbert Guzmán y Cristian Cabrera, por Telecentro.

Dijo que las leyes domi­nicanas tienen limitacio­nes, igual que los partidos políticos, “para impedir la presentación de candi­daturas de alguien que se sospeche vinculado al nar­cotráfico, pero que no esté limitado por una sentencia irrevocable que suspenda el ejercicio de sus derechos ci­viles y políticos”.

Al referirse a la propues­ta presidencial para otorgar independencia al Ministerio Público, Rosario Márquez di­jo que ésta existe en la Cons­titución a partir del 2010.

De hecho, citó de ejemplo las actuaciones de los magis­trados Miriam Germán, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, de quienes afirmó que “ejercen sus funciones apegados a la institucionali­dad y a convicciones propias que siempre han tenido”.

Y contrario a quienes han dicho que se violan de­rechos de los ciudadanos, algo que, a su juicio, podría suceder en casos aislados, sostuvo que no así en ter­minos generales. “Yo creo que el Presidente acertó con la designación de estas personas en la función que tienen. Y creo que el Minis­terio Público, en lo esen­cial, se está manejando con independencia”, agregó Rosario Márquez.

Los empresarios Mientras el empresa­rio Celso Juan Manrrazi­ni, presidente de la Aso­ciación de Industria de la República Dominicana (AIRD), juzgó “preocu­pante” la existencia de es­tructuras criminales y de narcotráfico en la política y los poderes del Estado, y advirtió de que los ilíci­tos dañan al sector priva­do, los ingresos del Estado y a la sociedad en general.

“Es un cáncer para la so­ciedad, al cual se le debe hacer frente para comba­tirlo”, expresó Marranzi­ni. Asimismo, consideró de mucha importancia las ac­ciones del Ministerio Públi­co en la Operación Falcón para combatir el narcotráfi­co y lavado de activos.

El empresario considera que estas operaciones lega­les “son señales de que se está luchando contra la im­punidad”.

“Es un flagelo de la so­ciedad que debemos ata­car, que se esté atacando de frente y que se aparte de ese flagelo de la impunidad de nuestro país”, agregó el em­presario.

Habla titular del CONEP Al respecto, el vicepresi­dente ejecutivo del Conse­jo Nacional de la Empre­sa Privada (Conep), César Dargam, tras ser abordado en torno al destape de ope­raciones de narcotráfico y lavado de acticos, impli­cando a personas con fun­ciones públicas y de elec­ción popular, se limitó a decir que “evidentemente, estamos preocupados”.