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EN BANÍ

SCJ declina otro tribunal expediente contra policías implicados en muerte taxista y mecánico

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Ramón Cruz BenzánSanto Domingo

El pleno de la Suprema Corte de Justicia, apoderó al Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, del expediente acusatorio en contra de tres agentes de la Policía acusados de participar en la muerte a tiros de un taxista y de un mecánico, hecho ocurrido el 11 de diciembre del 2016, en el municipio de Bani.

El tribunal, presidido por el magistrado Bernardo Coplín García, fue apoderado de la pieza acusatoria en contra de los imputados Robinson Antonio Ovalle Geraldino, Alejandro Bidó Encarnación y Jesús Sarita Vásquez, acusados de la muerte del taxista Rubén Darío Díaz Pimentel y del mecánico Tirson Báez Mejía.

El apoderamiento por parte del juez coordinador de los juzgados de la Instrucción, José Alejandro Vargas, se produce luego que la Suprema Corte acogiera una demanda de declinatoria por causa de seguridad pública y sospecha legitima interpuesto por los imputados, a fin de garantizar una buena y sana administración de justicia.

En la instancia de solicitud de declinatoria los abogados de los imputados, Ernesto Félix Santos, Adolfo Sánchez Pérez, Rafael Vásquez Santana y Josías Durán González, recluido en la cárcel de Operaciones Especiales de la Policía, alegaron que hicieron la petición en virtud de la presión ejercida por las autoridades de Bani, principalmente por el senador Winston Guerrero.

Señalan que el senador, a través de los medios escritos y televisivos, había expresado a los fiscales y jueces de Peravia, de que estaría vigilante cualquier fallo que vaya en contra de los querellantes, lo que ha puesto al Ministerio Público y jueces de Bani a no reconocer la inocencia de los imputados, sino a emitir fallos basando su decisiones por el simple rumor público y bajo la presión mediática de las autoridades de esa demarcación.

El hecho de sangre ocurrió en la carretera Bani-Sombrero, cuando más de veinte miembros de un equipo élite de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrím), daban seguimiento a un grupo de delincuentes que, supuestamente, planificaban secuestrar al comerciante Roy Peña, empresario banilejo ligado al sector ferretero.