Proponen leyes manda la Constitución

El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, recibió ayer un conjunto de propuestas de leyes que deben ser aprobadas para la adecuación y vigencia plena de la Constitución de 2010, iniciativas que fueron elaboradas por una comisión de juristas encabezada por el exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque.

Uno de los proyectos, denominado “de jurisdicción contencioso-administrativa”, procura desarrollar el mandato de los artículos 138 y 139 de la Constitución, referidos al control de los actos administrativos por los tribunales y el procedimiento para que la ciudadanía acceda a la jurisdicción de lo contencioso- administrativo.

Conjuntamente con las leyes 247-12, Orgánica de la Administración Pública, y 107-13, sobre Derechos y Deberes de las Personas en su relación con la Administración Pública, este proyecto de ley completaría el ciclo de reformas diseñado por la Constitución de 2010 sobre la estructura del Estado y las relaciones de los ciudadanos con la Administración Pública.

Asimismo, esta propuesta de legislación busca crear una jurisdicción nacional de lo contencioso-administrati vo con doble grado de jurisdicción, como establecen los artículos 164 y 165 de la Constitución. De igual manera, permitiría destrabar el Tribunal Superior Administrativo (TSA) a través de la creación a nivel nacional de tribunales especializados sobre la materia. Otro de los proyectos elaborado por la comisión es el de Ley de Derecho de Petición, el cual busca desarrollar el mandato del artículo 22.4 de la Carta Magna, referido a la prerrogativa constitucional de los ciudadanos de formular peticiones públicas a los poderes estatales para solicitar medidas de interés público. En este renglón también está el Derecho de Petición, junto a los derechos políticos de elegir y ser elegido, un derecho de ciudadanía incorporado por la reforma constitucional del año 2010.

Esta propuesta de nueva ley busca crear el procedimiento para que los ciudadanos y ciudadanas formulen peticiones a las autoridades administrativas, así como las sanciones ante la inobservancia de ese trámite.

Junto a la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 200-04), la iniciativa procura fortalecer la posición de los administrados ante el Estado.

Como parte del paquete, la comisión de juristas también entregó una propuesta de Ley General de Publicidad, la cual busca desarrollar el mandato de los artículos 49, 52 y 53 de la Constitución.

El objetivo de esta propuesta es crear un marco regulador sobre el mercado publicitario del sector privado, regulando la publicidad como acto creativo, los contratos publicitarios y las relaciones entre anunciantes.