Designan jueces para bienes lavado activos y terrorismo

El juez coordinador de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional fue designado para conocer todas las medidas relacionadas con el congelamiento preventivo de bienes provenientes del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El magistrado José Alejandro Vargas fue designado por el Consejo del Poder Judicial, por poseer las experticias en el tema Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus reglamentos.

Asimismo, el consejo designó a la jueza del Séptimo juzgado de la Instrucción, Kenya Romero, enlace del Poder Judicial para todo lo referente en las mesas multisectoriales con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Las designaciones fueron otorgadas en virtud de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, contenido en la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus reglamentos.

El artículo 73 del Código Procesal Penal dispone que corresponde a los jueces de la Instrucción resolver todas las cuestiones en las que la ley requiera la intervención de un juez durante el procedimiento preparatorio, dirigir la audiencia preliminar, dictar las resoluciones pertinentes y sentencia conforme a las reglas del procedimiento abreviado.

El consejo, presidido por el también presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, dispuso que la medida fuera comunicada a los Juzgados de la Instrucción, Tribunales y Cortes de Apelación Penales y al Procurador General de la República.

También a la Dirección General de la Carrera Judicial, al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, a la Unidad de Análisis Financiero y al Comité Nacional Antiterrorista.Sostiene que la República Dominicana está comprometida con la preservación de la seguridad nacional y la necesidad de luchar contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.

Destaca el país es compromisario de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y adopta las realizadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), para prevenir y combatir el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.

Plantea también que la Convención Interamericana contra el Terrorismo tiene por objeto prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo a través de medios compatibles con la vigencia del Estado de Derecho y las libertades públicas.

De igual modo, que la lucha antiterrorista debe concebirse con un alto grado de eficacia y discreción, para que afecte lo menos posible el desenvolvimiento del comercio, la empresa y el turismo, así como el desarrollo de la ciencia y la tecnología.