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La República jueves, 23 de octubre de 2014

ADVIERTE SUPERVISARÁ CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

CIDH condena al país por repatriación de haitianos

ORDENA DESCONOCER SENTENCIA DE TC, LA CONSTITUCIÓN Y NORMAS LEGALES

  • CIDH condena al país por repatriación de haitianos
    Notificación. La Corte emitió la sentencia que condena al país ayer en San José, Costa Rica.
Néstor Medrano
Santo Domingo

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó a la República Dominicana, mediante sentencia, y le ordena desconocer la aplicación de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y dejar sin efecto toda norma constitucional, legal, y reglamentaria con relación a los casos de la nacionalidad de descendientes de haitianos.

Responsabilizó al país de la expulsión de personas “haitianas y dominicanas”, violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad y exigió adoptar las medidas de derecho interno para evitar que la Sentencia 168-13 del TC continúe produciendo efectos jurídicos.

“Adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria, administrativa o cualquier práctica o decisión o interpretación que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las niñas y niños nacidos en territorio de República Dominicana”, advirtió el organismo.

Exigió además adoptar las medidas legislativas, incluso, “si fuera necesario constitucionales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular un procedimiento de inscripción de nacimiento que sea accesible y sencillo, de inmediatamente después de su nacimiento independientemente de su ascendencia u origen y de la situación migratoria de sus padres”.

Advirtió también, luego de condenar a la RD al pago por daños material e inmaterial de costas y gastos, que supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y que dará por terminado el caso una vez el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

La CIDH estableció que su sentencia constituye per se una forma de reparación y ordenó las reparación integral, en virtud de las cuales el Estado debe, inter alia: adoptar las medidas necesarias para que las víctimas dominicanas, según el caso, sean debidamente registradas y cuenten con la documentación necesaria para acreditar su identidad y nacionalidad dominicana.

“En el caso de las víctimas que son investigadas, dejar sin efectos las investigaciones administrativas, así como a los procesos judiciales civiles y penales en curso vinculados a sus registros y documentación; adoptar las medidas necesarias para que una víctima haitiana pueda residir o permanecer en forma regular en el territorio de RD, brindar gratuitamente; realizar las publicaciones ordenadas en la sentencia y programas de capacitación de carácter continuo y permanente de los miembros de las Fuerzas Armadas, agentes de control fronterizo y encargados de procedimientos migratorios y judiciales, vinculados con materia migratoria.

La Corte estuvo integrada por Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia), presidente; Roberto F. Caldas (Brasil), vicepresidente; Manuel Ventura Robles (Costa Rica), Eduardo Vio Grossi (Chile), y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México). Los jueces Diego García-Sayán y Alberto Pérez Pérez se excusaron.

Según las motivaciones de la CIDH, el caso se refiere a las supuestas privaciones ilegales y arbitrarias de libertad y posteriores expulsiones sumarias de personas dominicanas y haitianas  hacia Haití, incluidas niñas y niños, ocurridas entre los años 1999 y 2000, sin las debidas garantías y sin acceso a un recurso efectivo para garantizar sus derechos.

Indicó que la CIDH determinó la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad y, por el conjunto de dichas violaciones, al derecho a la identidad, en consideración de que las expulsiones de Willian, Awilda, Luis Ney y Carolina Isabel, todos de apellido Medina, así como de Rafaelito  Pérez Charles, se efectuaron desconociendo sus documentos de identificación personal y que acreditaban su nacionalidad. 

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DICE ES UN INSULTO A LA CONSTITUCIÓN

El diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, considera que el fallo dado a conocer ayer por la CIDH es un insultante desconocimiento a la Constitución, a la autoridad suprema del Tribunal Constitucional, del Congreso y a su soberanía. “La CIDH pretende dar un golpe de Estado a los poderes públicos de RD al desconocer la autoridad suprema del TC y su fallo 168-13; la autoridad del Presidente y el Congreso como responsables de la Ley 169-14”.