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Conductas aberrantes

Las últimas estadísticas publicadas por la Procuraduría General de la República en relación con los delitos sexuales que se registran en el país, son muy alarmantes.

Durante el año 2017, las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Procuraduría recibieron 5,808 denuncias de este tipo de abusos, lo que equivale a 484 querellas por mes, que es igual a 16 atropellos por día.

En los tres primeros meses de 2018, el ritmo de abusos, en lugar de disminuir, lo que ha hecho es aumentar porque el promedio mensual subió a 513 casos, equivalentes a 17 cada día.

Los principales abusos, según las mismas estadísticas, son seducción de menores, agresión sexual, violación sexual, acoso sexual, incesto y exhibicionismo.

Este es el registro de los casos que llegaron ante fi scales, por lo que no hay dudas de que una cifra nada despreciable de atropellos de este tipo, quedó en las tinieblas del miedo de las víctimas o en el ocultamiento familiar.

Las autoridades hacen esfuerzos por castigar este tipo de delitos y eso explica que en las prisiones dominicanas estén actualmente cerca de 3,500 personas, que constituyen el 13 por ciento de la población carcelaria del país, que es de aproximadamente 27,000 reos.

Son cifras escalofriantes de una realidad que ninguna sociedad que se precie de civilizada y enfocada en el progreso de su gente, puede aceptar.

Los países que mejor desempeño han tenido en la lucha contra los abusos sexuales son los que han sabido combinar una intensa labor de prevención con el más fi rme castigo a los perpetradores de estos atropellos.

El país tiene la obligación de redoblar las labores de concienciación de todos los sectores sociales para detener esta barbarie, reivindicar los derechos de las víctimas, acompañarlas en su recuperación y forjar una cultura de respeto.

En todos los ámbitos: escuelas, ofi cinas, empresas, estamentos militares, congregaciones religiosas, partidos políticos, sindicatos y en los barrios, las labores de educación y formación de conciencia de respeto a la mujer, a la niñez y personas vulnerables, tienen que redoblarse en forma sistemática.

Animamos a las autoridades a todos los niveles, a los maestros, sacerdotes, pastores y líderes en general a adoptar una actitud de vigilancia, denuncia responsable y actuación fi rme para prevenir los delitos sexuales y cuando estos se materialicen, enjuiciar con fi rmeza a los abusadores.

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