Más vale un mal arreglo...
El Estado dominicano enfrenta, en tribunales internacionales de arbitraje, al menos siete demandas de empresas que alegan sentirse afectadas en sus intereses por disposiciones gubernamentales y que reclaman indemnizaciones por sumas multimillonarias en dólares.
En algunas litis el Estado ha resultado con fallos a su favor, como son los casos de la Sund Land, que había interpuesto una demanda por alegados incumplimientos gubernamentales en el proyecto agrícola Azua II y el de la compañía estadounidense Corona Materials LLC por 100 millones de dólares.
Los otros casos más gruesos, sobre los que todavía no ha habido fallos, son los de la constructora brasileña Odebrecht, que reclama 708 millones de dólares por sobrecostos en Punta Catalina, y de Lajun Corporation, que procura una indemnización por 300 millones de dólares por alegada violación de su contrato de manejo del vertedero Duquesa.
Si bien estos procesos de arbitraje se asumen como métodos válidos para dirimir conflictos entre el Estado y las empresas extranjeras que se derivan de incumplimientos, violaciones o suspensiones unilaterales de contratos, siempre existe el riesgo de que el Estado tenga que gastar respetables sumas de dinero en dólares para pagar los servicios de firmas de abogados o lobbistas mientras se prolonguen en el tiempo estas disputas.
El otro riesgo que se corre es que si los fallos no le favorecen, el Estado tendría que erogar unas cantidades multimillonarias en dólares que no han sido presupuestadas, pero que tendrían que salir de los bolsillos de los contribuyentes, que siempre terminan pagando los platos rotos de los estropicios oficiales, o de nuevas deudas externas.
Lo más aconsejable, frente a estas experiencias de litigios, es que el Estado invierta lo suficiente en buenos equipos humanos de especialistas a la hora de suscribir contratos con empresas o inversionistas extranjeros, para blindar el patrimonio nacional de los riesgos que supone un acuerdo vulnerable, quebradizo, débilmente estructurado en términos jurídicos o legales.
No han sido pocas las veces en que astutos negociadores de intereses foráneos logran imponer cláusulas que incuban tramposerías bien disimuladas en las letras chiquitas que contienen sus contratos con el Estado, máxime si existen de por medio jugosos peajes a funcionarios y legisladores para que, con su complicidad, tales inversiones sean avaladas por la fuerza legal que le otorga el gobierno o el Congreso.
En un contexto incierto, como el que plantean tantos casos de arbitraje internacional, luce oportuno calibrar el refrán español que postula que “más vale un mal arreglo que un buen pleito”.