La Caja de Pandora de Nicaragua

Los luctuosos acontecimientos de Nicaragua, a lo largo de la semana pasada, ponen de manifiesto que los gobiernos, por más dictatoriales que sean en su forma y fondo, no pueden imponerle a los pueblos todos sus caprichos.

En el caso del régimen de Daniel Ortega, que tomó decisiones sin consensuar que afectaban los bolsillos de la clase media, los empresarios y hasta los pensionados, la pretendida reforma de la seguridad social le resultó contraproducente, y algo más: puso en evidencia la profunda insatisfacción que tienen los ciudadanos con su forma de gobernar.

El pueblo se le rebeló, rechazó las medidas tomadas por el Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social que elevaban el monto de las cotizaciones de los trabajadores y de las empresas y que obligarían a los jubilados a aportar al Estado el 5% del monto de sus pensiones, aparentemente buscando recaudar más dinero.

El rechazo se dio en las calles de las principales ciudades nicaragüenses, en forma de protestas, destrucción de símbolos de la Revolución Sandinista e incendios de edificios gubernamentales, una efervescente oleada popular inesperada que causó la muerte de unas 27 personas (entre ellas un periodista) y heridas a más de un centenar.

Frente a la presión popular, en gran medida apoyada por la Iglesia católica que pidió al gobierno que “escuchara el grito de los jóvenes”, el presidente Ortega no tuvo más alternativa que echar para atrás las reformas, impulsadas por una institución oficial unilateralmente, sin consultar a los sectores que eventualmente quedarían impactados.

La situación, sin embargo, ha permitido tomar el pulso al estado de frustración y descontento que existe frente al régimen.

La reforma de la seguridad social ha sido la Caja de Pandora que, al abrirse, ha dejado airear las quejas que tiene el pueblo sobre la obstinación de Ortega de perpetuarse en el poder mediante retruécanos a la Constitución y la sistemática represión de las libertades públicas, copiando el modelo de la malograda dinastía de los Somoza, a la que los sandinistas, bajo su mando, desalojaron del poder de Nicaragua, prometiendo la redención democrática.

La lección que dejan estos acontecimientos es la de que los gobiernos latinoamericanos deben ser más prudentes y justos a la hora de modificar sus políticas tributarias o de seguridad social, evitando inequidades y desigualdades a través de “palos asechados” que descargan el día menos esperado en bolsillos o los patrimonios de sus ciudadanos, sin medir las terribles consecuencias que pueden tener en la estabilidad social y económica de sus naciones, ni en la propia continuidad de sus gobernantes.