Un “feminicidio legislativo”
Restarle al Ministerio de la Mujer las atribuciones que la ley le ha dado en la definición y ejecución de políticas para prevenir los hechos de violencia contra las féminas equivale a un “feminicidio legislativo”.
Si de verdad esa es la intención que subyace en un proyecto que discute el Senado para transferir las responsabilidades del diseño de las políticas preventivas a las violaciones de los derechos de las mujeres a la Procuraduría General de la República, tal iniciativa amerita de una más reposada y seria ponderación.
Sería un contrasentido que en un momento en que la mujer dominicana escala posiciones y ejerce roles que antes parecían exclusivos o monopolizadas por los hombres, se le mutilen responsabilidades al Ministerio de la Mujer, que es el órgano rector que se ocupa de promover esta igualdad, tal como la propia Constitución se lo reconoce.
No es apropiado desvestir un santo para vestir otro si la finalidad es la misma. En América Latina, los ejemplos existentes con los ministerios, consejos, institutos o comisiones que se ocupan de los asuntos relativos a la mujer se parangonan en cuanto a concederles la rectoría de las políticas de prevención y dejar a los ministerios públicos la misión de perseguir y penalizar las violaciones.
Más que cargar a la Procuraduría General de nuevas atribuciones en este campo, lo que procede es que se le dote de más recursos para que pueda perseguir a los feminicidas, a los que atropellan y violan mujeres y niñas, a los que abusan de otros derechos de las féminas, de la misma manera en que debe de hacerlo respecto a las demás formas de delitos y criminalidad que han sido la causa de la inseguridad general en el país.
El solo hecho de que la mayoría de los hombres a los que se les han dictado órdenes de alejamiento de sus parejas o exparejas hagan caso omiso de estas restricciones y, en muchos casos, lleguen al extremo de cometer feminicidios, es una prueba de las debilidades que todavía acusa el sistema de prevención de la violencia intrafamiliar y contra la mujer.
La Procuraduría General tiene muchos retos por delante, y este es uno de ellos: empeñarse en aplicar un mecanismo de vigilancia y control más eficiente de esos potenciales agresores o asesinos y en promover respuestas penalizadoras más fuertes en los tribunales del país, para disuadir, por un lado, a los que están maquinando estos crímenes y abusos, o para darles su merecido con largos años de prisión.
Mientras tanto, no juguemos a despojar al Ministerio de la Mujer de sus innatas atribuciones, justo en el momento en que el empoderamiento femenino marca hitos en nuestro país.