Que nadie escurra el bulto en el escándalo de la OMSA

Fue la Procuraduría General de la República la que solicitó a la Cámara de Cuentas que abriera una investigación especial sobre las operaciones financieras de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), tras el asesinato del abogado Yuniol Ramírez, quien había hecho denuncias públicas de actos de corrupción en esa dependencia.

Desde entonces hasta la semana pasada, la Cámara de Cuentas cumplió su papel y remitió a la Procuraduría, así como también a otras entidades oficiales concernidas en la investigación, los resultados de la auditoría, que abarcó un período de cinco años, suficientes para encontrar pistas de eventuales anormalidades.

De hecho, las encontró. Y muy grandes y graves, y así lo hizo constar.

Sin esperar que la Procuraduría General avance y concluya sus propias averiguaciones o comprobaciones sobre lo que arroja la auditoría de la Cámara de Cuentas, considerada la entidad emblemática del poder contralor del país, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas se han apresurado a fijar posiciones sobre el papel que ambas han jugado o debieron jugar al respecto.

Contrataciones dice que OMSA violó la ley, mientras que la Contraloría se defiende y justifica el papel jugado en la revisión y aprobación de los procesos denunciados como viciados de corrupción, argumentando que existe una resolución , la 15-08, vigente aun, que ampara las compras directas de combustibles y reparaciones de vehículos de motor hechas por la OMSA.

Esas explicaciones deben darlas al Procurador General, que es quien solicitó la investigación especial y a quien le corresponde actuar, en el orden penal, para que una vez ponderadas tome las medidas correspondientes, que no son otras que las de someter a la justicia a todos los que tengan implicación en esta abultada y grosera distracción de los recursos del Estado en operaciones francamente fraudulentas, por cuya denuncia ya hubo un asesinato brutal.