Alarmante cuadro de venalidad judicial

En poco menos de dos años, dieciséis magistradas del poder judicial han sido destituidas o suspendidas bajo investigación, tras comprobarse o sospecharse que incurrieron en graves actos de venalidad.

Entre sus pares masculinos también se registra una situación igual, lo que refleja una alarmante crisis de probidad en los altos niveles de la judicatura y el ministerio público que gradualmente ha ido corroyendo la confianza en la justicia.

En la mayoría de los casos que han llevado a la destitución a jueces y juezas, las acusaciones han sido de que aceptaron sobornos de personas vinculadas al narcotráfico y otras ramas del crimen organizado para ponerlos en libertad o garantizar la impunidad a sus delitos.

Los y las que están suspendidos también afrontan las sospechas de haber hecho lo mismo, o la de ofrecer sentencias indulgentes a ciertos acusados para resolver a su favor las litis judiciales en las que estaban enfrascados.

Se mencionan “hechos dolosos” o “graves faltas a la ética en sus funciones”, sin detallarlas, en el caso de los que están suspendidos y bajo investigación.

Esto revela que el sistema, quiérase o no, ha sido contaminado por el virus de la corrupción que se contagia como cualquier otra bacteria nociva hasta alcanzar grados epidémicos.

Con tantos ejemplos de faltas graves en el que el denominador común es el soborno gestionado o aceptado, se hace demasiado obvia la vulnerabilidad en que se encuentra la plana mayor de los tribunales del país y lo difícil que resulta sostener que contamos con una justicia responsable y blindada frente al chantaje.

Estamos en presencia de una gravísima situación, imposible de ocultar o edulcorar, que amerita de un serio compromiso para extirpar del sistema a los agentes que han minado, con sus actos impropios, la majestad de un poder llamado a ser incorruptible.