Que actúen los cabildos o el Congreso

Así como los ayuntamientos regulan el uso de suelo en las ciudades, deberían existir disposiciones que especifiquen el tipo de establecimientos que jamás deben operar alrededor de templos, escuelas y hospitales.

Para empezar, ninguna actividad que implique ruidos excesivos, como los que generan colmadones, “drinks” u otros negocios dedicados a la diversión, puede resultar compatible con la naturaleza de aquellos lugares donde la gente va exclusivamente a buscar salud, a estudiar sin ningún tipo de interferencias o a reflexionar y orar, como es el caso de los templos.

El ejemplo más patético de esta falta de control o tipificación de establecimientos es la existencia de una cadena de negocios dedicados a la prostitución, homosexual y heterosexual, al consumo y venta de drogas y a todo tipo de actos depravados en los entornos de la Basílica de Higüey, el principal santuario de la advocación mariana en Las Américas.

Si hubiese existido una disposición que clasifique los tipos de negocios que pueden resultar compatibles con la naturaleza de instituciones como las escuelas, colegios, hospitales e iglesias, nos economizaríamos las experiencias bochornosas que a menudo se suceden en sus entornos, como ha sido el caso del “cabaret a cielo abierto” que montaron en los alrededores de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia.

La Liga Municipal Dominicana, rectora de los cabildos, y las asociaciones para el desarrollo de las provincias, deberían consensuar un proyecto con regulaciones para crear zonas de tolerancia e impedir que prostíbulos, bares bulliciosos y negocios de la misma jaez se instalen frente o en los alrededores de escuelas, hospitales y templos del país.

Si esto no se puede por esa vía, que se haga entonces mediante ley del Congreso Nacional, si es que allí todavía aparecen legisladores empeñados en la sanidad mental y espiritual de este pueblo.