Una lucha dispersa

Sea bienvenido toda iniciativa desde el Estado para combatir los actos de violencia contra la mujer, pero esta debe de estar siempre concatenada a una política clara e integral que no admita dispersión de esfuerzos.

Esa política debe deslindar los campos de actuación de las instituciones oficiales, indicando a cuáles toca la responsabilidad de prevenir, y a cuáles de penalizar los delitos de feminicidios, abusos sexuales y otras formas de violencia intrafamiliar.

Mientras exista duplicidad o multiplicidad de planes, proyectos o políticas dirigidas a un mismo fin, tal desarticulación solo conducirá a magros resultados, como ha ocurrido hasta ahora.

Diez campañas oficiales contra los feminicidios, llevadas a cabo indistintamente por varias instituciones desde el 2008, son la mejor prueba de la pobre cosecha de resultados positivos, pues los feminicidios se incrementan cada año.

Es obvio que todavía falla la acción de la justicia para hacer que se cumplan las órdenes de alejamiento de los hombres que amenazan a sus parejas o ex parejas, y que sigue siendo limitada la cobertura de protección para las mujeres agredidas o bajo amenazas de serlo.

Hay que reforzar y restablecer el nivel de cercanía y confianza de las fiscalías barriales, que en un momento dado eran las primeras puertas que se abrían a más mujeres para atender sus casos y protegerlas.

Hay que invertir más recursos en la promoción de una cultura de más respeto a la mujer, menos machismo y más firmeza de la justicia para castigar y mantener a raya a los reales y potenciales agresores.

Pero no tiene sentido derivar recursos del presupuesto a varias entidades para los mismos fines, sin consolidar una política general especialmente dirigida a enfrentar este fenómeno, uno de los problemas sociales más graves del país.

Mientras sigamos así, estas campañas que suelen ponerse en marcha de cuando en cuando no pasarán de ser puras burbujas mediáticas que explotan ante la magnitud de esta tragedia.