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Ministro de Trabajo afirma no está conforme con el nivel salarial

El ministro de trabajo, Luis Miguel De Camps, destacó las iniciativas que desarrollan desde el ministerio para propiciar la inserción laboral, sobre todo de los jóvenes, fomentando las ferias de trabajo y programas como RD Trabaja.

El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, durante la entrevista concedida a la periodista de la sección económica del Listín Diario, Patria Reyes.

El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, durante la entrevista concedida a la periodista de la sección económica del Listín Diario, Patria Reyes.leonel matos/ld.

A pesar de que, en su gestión frente al Ministerio de Trabajo, se han logrado consensuar 22 aumentos en las tarifas de salarios minimos para distintos sectores, el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, aseguró que no está conforme con lo que ganan las y los trabajadores en la actualidad, y por esto, se enfoca en lograr un “Pacto Salarial y de Formalización”.

El funcionario, en una entrevista concedida al Listín Diario, manifestó que para mejorar adecuadamente los salarios de los trabajadores se deben propiciar ajustes que ubiquen la remuneración laboral por encima de los niveles de inflación.

“Los aumentos tienen que ser lo suficientemente altos como para que estén por encima de la inflación y la gente reciba y sienta alguna mejoría, pero tienen que tener la suficiente sostenibilidad para que no sea negativo para la producción del empleo y tampoco sea autoinflacionario”, expresó De Camps.

Agregó que está consciente de que aún falta mucho trecho por recorrer para lograr la dignificación de los salarios y por eso dijo que se enfoca en impulsar la concreción del pacto, apuntando que este lo que busca es “que el salario mínimo de los trabajadores sea suficiente paa curbir la canasta básica, aunque sea del primer quintil", el cual a mayo de este año se ubicaba en RD$26,192.84.

De Camps indicó que durante su gestión han trabajando para reducir la brecha entre el salario y la canasta básica y que este es el objetivo del pacto “de manera sostenida, organizada y sobre todo sostenible, para que año tras año se puedan producir esas mejoras y aumentos salariales, no simples ajustes inflacionarios”. Aseguró que el Gobierno tiene una clara visión y una clara intención de mejorar la vida de los trabajadores.

Actualización del Código

Para lograr el consenso sobre la necesaria actualización del Código Laboral parece que falta mucho tiempo, pues el ministro no se aventuró a ofrecer fecha, sin embargo, se mostró confiado en que, en esta primera gestión del Presidente Luis Abinader y con la ayuda del tripartidismo, logrará modernizar la legislación laboral.

Como dos puntos importantes en esta reforma el ministro señaló la “sobrejudicialización” de las relaciones laborales y el régimen de sanciones en el marco del incumplimiento de la normativa de trabajo.

De Camps señaló que la “sobrejudicialización” de las demandas laborales se ha convertido en mal que afecta profundamente al mercado de trabajo y dijo que en la reforma de la legislación laboral se debe establecer un mecanismo que disminuya al máximo esta situación.

 “Creemos que eso no conviene al trabajador, no conviene al empleador y consecuentemente no conviene al Estado”, explicó el funcionario.

Indicó que existen demandas que ni el mismo trabajador está consciente de que se están llevando en los tribunales. Aseguró que es posible reducir estos casos sin que se afecte el derecho del trabajador.

Sobre el régimen sancionador, el ministro de Trabajo expuso en la actualidad las sanciones a las violaciones laborales son muy bajas, lo que facilita la recurrencia en su incumplimiento.

“Cuando el incumplimiento es más barato que el cumplimiento, ¿qué es lo que se está fomentando?”, preguntó el funcionario para explicar que la sanción más alta a una violación de la norma de trabajo es el pago de 12 salarios mínimos.

De Camps también expuso que, para verificar que las empresas cumplan con las ordenanzas laborales, el Ministerio de Trabajo apenas cuenta con 205 inspectores a nivel nacional y estos solo pueden levantar las infracciones y someterlas a través de un fiscal laboral en la Procuraduría General de la República.