Pacto eléctrico: acuerdos logrados pierden vigencia

Los acuerdos alcanzados en tres años de discusión para consensuar el pacto eléctrico pierden vigencia por el retraso en su firma, ya que el Poder Ejecutivo guarda silencio sobre la convocatoria para rubricar el documento final.

A enero del 2018, la Superintendencia de Electricidad (SIE), junto a otras entidades públicas, debió presentar los resultados de un estudio para la definición del régimen tarifario de referencia para establecer los costos de suministro de energía.

Se suponía, además, que el Poder Ejecutivo, antes de finalizar el 2017, debió definir su nueva política de subsidios, ya que las decisiones sobre el régimen tarifario de referencia que se estableció en los acuerdos, debió ser adoptada “a más tardar el 31 de marzo de 2018”.

Asimismo, los actores sociales que participaron en las discusiones del pacto eléctrico se pusieron de acuerdo para que a partir de julio de este año se empezara a aplicar una tarifa ajustada trimestralmente en función de las variaciones en la tasa de cambio, la reducción de pérdidas y la mejora de la eficiencia energética, sin embargo, previo a esto una serie de acciones debieron ser implementadas, incluyendo el Plan de Reducción de Pérdidas al 2022.

Todo lo relativo al nuevo sistema tarifario debió ser iniciado en el 2017 y muchos otros aspectos convenidos en el pacto se establecían plazo de 6 y 12 meses a partir de la firma del mismo.

Desde el 31 de octubre del pasado año en que el Consejo Económico y Social (CES) entregó el documento final para el pacto eléctrico al presidente Danilo Medina se espera que el Gobierno anuncie la convocatoria para su firma, y aunque se anunció que se realizaría en enero del 2018, hasta la fecha el Gobierno ha guardado silencio respecto a si se firmará o no este pacto que es un mandato de la Ley 1-12 que define la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Preocupación Sectores empresariales han mostrado su preocupación respecto al retraso en la firma de este convenio social indicando que esto retrasa la implementación de las acciones que vendrían a mejorar el sistema eléctrico nacional y a mejorar los niveles de competitividad del país.

La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almánzar, dijo que están preocupados porque ya los plazos acordados para aplicación de la tarifa eléctrica se vencen.

Indicó que si no se firma dicho pacto sería una mala señal para el país y para el futuro del CES como ente de participación social. Dijo, además, que están esperanzados en que la firma se realice una vez concluida la Semana Santa.

El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y el Gran Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, sostuvo que el silencio que guarda el Gobierno no es más el tiempo en que negocia niveles de alianza con algunos partidos políticos.

“El gobierno, en una actitud tradicional y equivocada, está negociando con algunos partidos políticos, que nunca participaron de las discusiones, para que le firmen el pacto. Esta negociación nada tiene que ver con la solución del problema eléctrico. Están negociando en base a distintas prebendas. Incluida elementos de las leyes electorales y de partido”.

El industrial indicó que el Gobierno intenta darle legitimidad al pacto a través de alianzas con los partidos.

Dijo que actores del Gobierno le han contactado para buscar un acuerdo que posibilite que la asociación firme el pacto. No obstante, aseguró: “nuestra repuesta es que si están dispuesto a revaluarse puntos que a nuestra consideración son vitales para resolver el problema eléctrico y si se desbaratan algunos negocios perversos particulares, que están por debajo del pacto, estamos dispuestos a firmar”.

Agregó que dejó bien claro que si ellos tienen la intención de buscar consenso con su organización deben hacerles “un llamado público para sentarnos a conversar de cara al público, con transparencia”.

Cumplimiento La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) consideró que el documento del Pacto Eléctrico fue consensuado entre la mayoría de los actores participantes en las discusiones en el CES, lo que lo hace válido para ser firmado cuando el Gobierno así lo disponga.

Afirmó que es un acuerdo nacional relevante y que la prioridad para la ADIE es que se empiecen a cumplir los compromisos asumidos durante los más de dos años de negociación para superar las debilidades que han afectado por décadas al sector.