CONTRATACIONES PÚBLICAS
Nueva ley prohibiría a los corruptos realizar contratos con el Estado
Castigo. La nueva ley contaría con un régimen de sanciones disciplinarias y administrativas más robusto.
El anteproyecto para reformar la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones busca blindar al Estado dominicano contra los actos de corrupción.
En su artículo 11 el anteproyecto establece que quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado deberán ser excluidos de manera permanente de las contrataciones públicas.
Quienes hayan estado involucrados en actos de corrupción no podrán celebrar contratos con el Estado ni directamente, ni a través de otras personas ni de sociedades con las que estén vinculados, según precisa el borrador del anteproyecto de ley. Para la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) este aspecto, aunque pudiera resultar polémico, resultaría muy beneficioso para la transparencia de los procesos de contratación en el país.
Esto es “una herramienta eficaz para el combate a la corrupción”, asegura la organización, que ha trabajado en la elaboración de la propuesta de reforma de la Ley 340-06. “El sistema de compras y contrataciones públicas amerita una reforma urgente y sustancial (Ö). Tenemos la certeza de que esta reforma normativa y estructural significaría un gran avance institucional en materia de calidad de la administración, transparencia, seguridad jurídica y gobernabilidad democrática”, asegura la Finjus.
Otro de los aspectos más interesantes del anteproyecto, y que podría generar mayor fortalecimiento institucional, según la Finjus, es la instauración de un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado.
Este régimen, establecido en el artículo 10, indica que no podrán ser oferentes o contratar con el Estado y sus instituciones las personas físicas o jurídicas que se encuentren inhabilitadas en virtud de cualquier ordenamiento jurídico vigente en el ámbito de los países de los que República Dominicana forme parte de tratados o convenciones internacionales contra la corrupción, entre otros.
(+) VALORA EL TRABAJO DE CONTRATACIONES AVANCES: La Finjus, organización que preside Servio Tulio Castaños, señala que a pesar de que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) “ha logrado hacer un trabajo encomiable frente a los fuertes obstáculos que le presenta la normativa actual”, la regulación actual presenta múltiples limitaciones para combatir la corrupción y crear un clima de transparencia. “Un eventual anteproyecto legislativo que reforme a la actual norma de compras y contrataciones públicas, como el que reposa en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, traería varios componentes que harían de estos procesos un elemento democratizador en la relación Estadociudadanía”, considera la Finjus.