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ENFOQUE

Hacia una política de infraestructuras de calidad

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Juan José de la LleraEspecial para LISTÍN DIARIO

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, inauguró recientemente la ampliación de un sector de la carretera Panamericana que une al centro y occidente del país, un proyecto de US$1,086 millones con el que espera impulsar el comercio con Centroamérica. Se trata de la rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la carretera Panamericana Santiago-David, de 188 kilómetros.

El caso de Panamá es ilustrativo de cuando un Gobierno prioriza continuar licitando obras, incluso culminando aquellas que heredó del anterior Ejecutivo, para no perjudicar el desarrollo social y evitar así hipotecar su futuro por la falta de decisiones. “Si hubiera escuchado a aquellos que querían que paralizase las obras y suspendiera los contratos, 40,000 trabajadores de la construcción hubieran quedado sin empleo”, enfatizó Varela en la inauguración de las obras.

Como en otros países de la región, las irregularidades en la tramitación de obra pública han salpicado también a Panamá, cuya Justicia tiene abiertas diversas causas. Sin embargo, su Gobierno quiere evitar que estos casos afecten a su política de infraestructuras, sabedor de la importancia que tiene para el empleo, turismo, comercio y transporte, lo que se denomina efecto arrastre. “Se hubiese afectado a inocentes si no se pagaban las facturas, si se abandonaban las obras y se afectaban a comunidades y miles de trabajadores. Aquellos que aceptaron su responsabilidad, corrigieron y pactaron con el Estado, tienen derecho de seguir adelante”, destacó Varela.

El Gobierno de Varela ha querido evitar que las causas judiciales abiertas impidan a simple vista la toma de decisiones estratégicas sobre el futuro de las infraestructuras que causan graves perjuicios a la sociedad en su conjunto. El presidente panameño tenía claro que “a mí me tocaba proteger las obras, los empleos y corregir los errores administrativos, porque los otros errores los corrige la Justicia”. Varela defendió la gestión de su política, que no se limitó a reactivar las obras. “Tuvimos la valentía de rectificar los diseños, de poner bandas sonoras en las vías de circulación y puentes peatonales. Tuvimos incluso la valentía de poner una adenda a los contratos para terminar la obra en perfectas condiciones”.

Los responsables públicos no deberían olvidar la importancia esencial que significa contar con suficientes infraestructuras de calidad para alcanzaruna mejora operativa, mayor eficiencia en el movimiento de mercancías y más posibilidades de competir en igualdad de circunstancias en el mercado mundial.

Una política de infraestructuras decidida no puede estar condicionada a las tardías decisiones de los tribunales de Justicia. “Las obras de infraestructura son del Estado y no de los Gobiernos”, ha señalado el jefe del Ejecutivo panameño, consciente que el progreso social y económico depende en gran medida de dotar al país de las herramientas para su desempeño, y las infraestructuras constituyen uno de los pilares básicos de crecimiento. Es por ello, que el Gobierno ha licitado 2,000 kilómetros de nuevas carreteras con un valor de más de US$2,000 millones.

Una firme y decidida política de infraestructuras, más allá del contexto político, reactiva la obra pública y genera actividad en aquellas zonas que reclaman urgentemente soluciones a sus problemas viarios. Su correcta gestión tendrá un efecto indirecto en el sistema productivo en general, permitiendo aumentar el nivel de renta de la población.

El autor es consultor de Comunicación.

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