Aseguran la nueva ley de seguridad traerá desempleo

La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) informó que las 70 empresas miembros de esa institución aportan unos RD$300 millones en impuestos cada año, y dijo que si el Congreso Nacional aprueba sin variación el proyecto de Ley presentado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le generaría pérdida de más de un 20% de su margen neto y provocaría el despido de una parte de sus 22,000 empleados.

Lucile Houellemont, presidente de Adesinc, afirmó que las empresas de seguridad no podrán subsistir en un mercado con altos impuestos y márgenes muy bajos, y que cumplir con la propuesta nueva disposición legal implica el pago inmediato de prestaciones laborales y la pérdida de empleos en tan sólo un año de transición. Señaló que de los cerca de RD$300 millones que los miembros de Adesinc pagan de impuestos, un 73% de ellos son sobre los ingresos, y enfatizó que las empresas del sector no toleran ni soportan nuevos costos y gastos. La presidenta de Adesinc presentó un estudio sobre el “Impacto económico sectorial del proyecto de Ley de seguridad privada”, durante una rueda de prensa en un hotel de la capital, que contó con la asistencia de directivos y miembros de esa organización, y Nassim José Alemany, representante de la firma de consultoría Deloitte, que efectuó la citada investigación.

Houellemont sostuvo que el sector de la seguridad privada es el que incurre en más gastos y paga más impuestos en República Dominicana, como son armas y municiones, licencia anual de uso, SFS, AFP, ARL, de responsabilidad civil, pruebas antidoping, Infotep, capacitación, entrenamiento, evaluación médica, uso de vehículo para supervisión, gastos financieros, uniformes y equipos, horas extras, días libres, regalía, vacaciones, preaviso, cesantía, entre otros.

Indicó que la nueva Ley propone un 1.25% del monto bruto de los servicios que brindan las empresas prestadores de servicios de seguridad privada, liquidable mensual, trimestral o semestral, y que el 30% de éstos será dirigido al patrimonio de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que recibe recursos del Presupuesto Nacional.

Asimismo, el 30% será dirigido al Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 9-1-1 y el 40% restante al Fondo General de la Nación.