Los huracanes pueden retrasar el reloj del desarrollo en muchos años

Los huracanes como Irma, que esconden detrás de sus nombres una furia inaudita, no sólo se cobran vidas humanas, viviendas, puentes y caminos. La víctima silenciosa y poco visible de estos fenómenos extremos es el desarrollo de los pueblos.

Estudios del Banco Mundial señalan que cada año unos 26 millones de personas -el equivalente a la población de Chile y Bolivia combinadas,- caen en la pobreza debido a los desastres naturales.

Nadie puede detener un huracán o terremoto, pero sí hay maneras de minimizar sus impactos, como señala en la siguiente entrevista, Joaquín Toro, experto del Banco Mundial en manejo de riesgos de desastres.

¿Podrías dar una visión general de los posibles impactos económicos y sociales que huracanes como Irma tienen en el desarrollo de las poblaciones afectadas?

Los desastres impactan mucho más a los pobres que al resto de la población, aun cuando éstos tienen una resiliencia mucho menor. Estudios del Banco Mundial indican que cada año los desastres están empujando a unos 26 millones de personas a la pobreza como consecuencia de que algunos viven en zonas de alto riesgo y tienen poca capacidad para recuperarse. Es algo en lo que estamos trabajando, pero aún queda mucho por hacer.

En cuanto a lo económico, es muy difícil en estos momentos hacer un cálculo exacto, pero históricamente el Caribe ha sido impactado por huracanes que han causado mucho daño. Por ejemplo, en 1979, los huracanes David y Federico provocaron pérdidas de hasta el 16% del PIB ese año en República Dominicana. El huracán Iván, en 2004, causó pérdidas superiores al 200% del PIB en Grenada. Eso es perder en pocos días más que el ingreso de todo un año de un país.

Los desastres severos, además, han tenido un impacto en las condiciones económicas, tales como la reducción de la productividad y déficits presupuestarios, o el aumento de la deuda nacional debido a los costos de reconstrucción. Y, como vimos con el huracán Mitch en 1998, éste causó 30 años de retroceso en el desarrollo de países como Honduras y Nicaragua.

¿Ha mejorado la capacidad de resistencia a los desastres naturales, especialmente en el Caribe y Centroamérica?

Sí. Los países centroamericanos y caribeños han logrado avances significativos en la mejora de sus capacidades de gestión de riesgos de desastres, pero siguen siendo vulnerables. La mayoría de los países ha promulgado legislación, elaborado políticas y creado instituciones de coordinación para permitir sistemas más eficientes de gestión de emergencias y alerta temprana. Los planes de contingencia tienen que ser claros, no sólo a nivel de gobierno, sino a nivel local. Vemos grandes diferencias, por ejemplo, con las capacidades logísticas en Estados Unidos a raíz de Irma, donde se evacuaron a millones de personas. En los países en desarrollo, aún no podemos evacuar a toda la población. Los sistemas de alerta temprana son muy útiles, pero llegar aún al final de esta cadena es un poco más difícil.

¿Cuáles son las infraestructuras más vulnerables cuando estamos ante fenómenos extremos?

Generalmente, son las de las poblaciones más pobres. Por ejemplo, en el Caribe hay entre 60% y 70% de construcción informal. Las fotos de Barbuda, especialmente, nos muestran que las casas han quedado bastante destruidas. También se puede ver la falta de códigos de construcción en otras estructuras, como las torres de comunicación.

Latinoamérica es una de las regiones del mundo más expuestas a riesgos de desastres, ¿cómo incorporar en su agenda de desarrollo un plan de gestión de riesgos que ayude a minimizar el impacto?

Este es un desafío que no sólo enfrenta esta región sino todos los países en desarrollo, ya que hay una gran cantidad de necesidades básicas que tienen que cubrir. Cabe recordar que más del 80% de la población en Latinoamérica vive en zonas urbanas, lo cual aumenta la exposición al riesgo. La gestión de riesgo tiene que estar presente en todos los sectores: salud, vivienda, educación, entre otros, para que podamos construir escuelas más seguras, por ejemplo, o centros de salud que podamos usar luego de los desastres, o carreteras que no causen inundaciones.

Estos países pudieran, por un lado, poner fin a la generación de nuevos riesgos con una planificación más ordenada, que incorpore información de estos eventos naturales, y por otro, reduciendo el riesgo que hoy existe, no sólo respondiendo a la emergencia, sino usando mecanismos de protección financiera para ayudar a una recuperación más rápida.

¿Podrías explicar cuáles son esos ‘mecanismos de protección’ financiera contra catástrofes?

El trabajo del Banco Mundial en riesgo de desastres se centra en evaluar el riesgo en los países y reducirlo mediante mejoras estructurales y no estructurales en las construcciones, planificación del uso de la tierra y reglamentación, entre otros; facilitar la implementación de medidas de preparación como los sistemas de alerta temprana; desarrollar instrumentos de protección financiera y; promover la reconstrucción resiliente mediante cambios políticos e institucionales.

Un instrumento de protección financiera facilitado por el Banco Mundial es el Mecanismo de Seguros de Riesgo de Catástrofes en el Caribe (CCRIF SPC) que como resultado del huracán Irma, entró en vigor la semana pasada para Antigua y Barbuda, Anguila y Saint Kitts y Nevis, por un monto aproximado de US$15,6 millones.

Este es un mecanismo de seguro paramétrico que ayuda a los países miembros a financiar su respuesta inicial de desastre y con el flujo de efectivo a corto plazo, que sufren después de grandes desastres naturales.