Las microempresas han querido ser identificadas por el valor de su inversión, los empleos que generan y el manejo del negocio. Los valores y la complejidad del manejo implícito son los que unidos deben definir una microempresa, no uno solo de estos parámetros; sino todos a la vez.

El desarrollo de este tipo de negocios en nuestro país, igual que en otros, se encuentra obstaculizado por los criterios que han primado en los administradores del Estado. Aunque de manera demagógica en el pasado se usaba la microempresa como tema de campaña para ganar votos y por estos conseguir el poder.

Sin embargo, ahora en este nuevo siglo con el surgimiento de nuevos gobernantes se ha presentado un criterio pro desarrollo de manera más sincera. Es por tanto el momento a aprovechar para contribuir a su verdadero desarrollo.  Esto así, debido a que un desarrollo en ese sentido contribuye de manera clara a la reducción de la pobreza, por sus efectos demostrados de  creación y sostenibilidad de empleos en los niveles inferiores de la sociedad.

No obstante, me preocupa el criterio manifestado por Mayra Jiménez, directora del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas  (Promypime).

Es de su opinión, que en vista de que “el pobre paga”, solo es requerido un seguimiento de parte del ente crediticio pos-crédito. Grave error, ese seguimiento o asistencia técnica debe ser provisto por una institución, el Instituto de Formación Técnico Profesional en República Dominicana (Infotep), por ejemplo.

Dicha institución debe ser ajena al crédito; aunque con relaciones formales con el proveedor de este. Esa asistencia debe ser antes y después del crédito y debe tener como objetivo: 1) Poner el micronegocio en condiciones de recibir el crédito y 2) Contribuir con el buen manejo administrativo del mismo.