Las nuevas autoridades están en la obligación de informar la situación económica que han encontrado en las instituciones públicas porque la transparencia está establecida en los principios constitucionales.

Es un deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración eficiente.

El propio poder ejecutivo declaró mediante decreto No. 728-10 al año 2011 como el año por la transparencia y el fortalecimiento institucional.

La gente tiene el derecho de estar informada sobre las cuentas públicas así como también de cualquier déficit fiscal, su magnitud, sus causas y consecuencias porque así está establecido en la ley.

Mal harían los ministros en quedarse callados y ocultar si hubo anomalías porque están faltando a las promesas de hacer un modelo de gestión ético.

Además, esa actitud envía un mensaje negativo a la lucha contra la corrupción y la impunidad y podría desatar un desorden institucional.

Hay preocupación por el nombramiento de algunos ministros cuestionados e incluso ineficaces, porque pueden ser la antesala de otra amnistía política y de que una vez más se recurrirá al absurdo de acusar del actual déficit fiscal, no a la corrupción reciente, sino al mal desempeño del año 2000-2004.

Ciertamente, el poder ejecutivo y hasta la justicia pueden ocultar las anomalías durante un tiempo pero no podrán hacerlo todo el tiempo.

Al final del periodo gubernamental, tendrán que decir lo que había, lo que se ingresó, los gastos y el capital dejado en las arcas del estado.

Si hay algo que nunca se ha hecho, es hacer un gobierno ético y transparente, pero tampoco meter preso a los funcionarios corruptos, ni recuperar el botín.

Si bien apoyamos la prohibición del uso de las tarjetas de crédito, la restricción de los viajes al exterior, y la venta de las yipetas, estas medidas se quedaron cortas por lo que deben de ampliarse y planificarse.

Las medidas de control de gastos deben aplicarse sobre la base de un plan que identifique responsabilidades. Recordemos que la ley 497-06 de austeridad fracasó porque ni la Contraloría General de la República ni la Cámara de Cuentas cumplieron con su deber de garantizar su aplicación.

No es justo sacrificar con más impuestos a la población para resolver un problema de insolvencia económica creado por políticos inescrupulosos, quienes andan disfrutando libremente de los recursos sustraídos.