Movilidad segura

El doctor Tedros Adhanom, Director General de la Organización Mundial de la Salud, a propósito de la movilidad humana, expresó hace unos días que los sistemas de transporte abren una puerta al mundo, pero agregaba con certeza que a un alto costo económico, daño ambiental, en salud y pérdida de vidas.

De esta manera podemos sintetizar la particular realidad en la red vial dominicana que con el tiempo parece no avanzamos por falta de políticas eficientes para crear responsabilidad compartida, asi como de disponer de fondos permanentes a fin de afrontar determinados problemas cruciales, tal como el congestionamiento vehicular en los centros urbanos de nuestro país. No solo en el Gran Santo Domingo, también en los municipios de nuestras principales provincias.

En el Partido Fuerza del Pueblo hemos planteado la problemática de la movilidad entre sus ejes estratégicos fundamentales, con la ventaja de que sea segura, saludable y sostenible, tras la experiencia de la pandemia Covid-19.

La Seguridad Vial y el tránsito son indisolubles, fundamental para la gobernanza local y en término político tiende a afectar senciblemente el estado de gobernabilidad con las protestas viales como recurso; además de afectar la economía de forma más contundente y directa a través de la cadena de suministro, en el tema de competitibidad laboral y en la salud.

La propuesta que hemos formulado a nuestro partido contiene nueve pilares sin cuyo desarrollo armónico de cada uno sería imposible obtener los resultados deseados para alcanzar una nueva era de progreso acorde con las naciones de más altos ingresos.

Lo cierto es que sin una comprensión del problema en toda su dimensión, donde tratar de abordarlo por parte sería craso error. Pues las raíces de las causas siempre las tendremos latentes, generando efectos trágicos, porque cuando los caminos están más despejados tendemos a aumentar la velocidad. Y la velocidad mata.

Hoy día le llamamos posibilitar políticas de Estado adoptando una Visión de Enfoque Seguro. Esto es, trabajar todo el sistema de movilidad de manera holística, donde el ser humano sea el centro de las políticas; que las inversiones en infraestructuras viales y medios de transporte garanticen la seguridad e integridad de los usuarios. Que en el caso de siniestralidad haya una asistencia inmediata, humana y universal bajo el entendido de que la movilidad segura es un derecho humano que el Estado debe reconocer y liderar al tiempo de que los usuarios debemos respetar las leyes y normas, y temer a la justicia.

Una tarea pendiente entre otras tantas, es establecer estructuras fiables que produzan datos creibles, para merecer la confianza de la ciudadanía. Tras un diálogo abierto con los diferentes sectores de la vida nacional implementar buenas prácticas de políticas públicas.

Uno de los temas vitales es el que nos aqueja de manera cotidiana, que afecta la salud por el stress que genera en los usuarios del transporte y los retrasos en los trayectos impactando la productibidad laboral negativamente como son los entaponamientos en las grandes ciudades de República Dominicana, lo cual requiere de planificación de acciones a mediano y largo plazo.

A grande rasgo, es necesaria la implantación de tecnologías; habilitación de rutas alternas y parqueos; planificación de uso horario de parqueos en determinadas vías; reducción del parque vehicular mediante la ITV; fortalecimiento de la fiscalización y vigilancia.

Fundamental, es el uso de nuevas modalidades de transporte masivo de pasajeros y de carga, para con ellas liberar de tantas tensiones nuestras vías, asi como para reducir los siniestros y sus secuelas.

De los congestionamientos no se puede hablar de una solución única, sino de una combinación de soluciones y medidas aplicables a mediano y largo plazo tras consenso con los sectores nacionales siempre y cuando prevalezca la voluntad política, de contar con instituciones robustas, con autoridad, autonomía económica y financiera y sean autosuficientes. Es preciso tratar el tema de otorgamiento riguroso de las licencias y de educación a los usuarios y comunidades.

Se debe contar con un real funcionamiento del imperio de la ley y del respeto al Estado de Derecho de los usuarios de la vía pública.

El autor es titular de la Secretaría de Seguridad Vial

Fuerza del Pueblo.